ESCRIBE EL DOCTOR RODOLFO CANABAL

Locales | 19 Ago En la nota anterior, dedicada al análisis de la forma en que las entidades sindicales, con reiteración, utilizan las potestades que les confirió el régimen constitucional nacional, se señaló en primer término que su función de defensa de los derechos e intereses de los trabajadores está, como corresponde, debidamente consagrada por la Constitución, y también, por precepto expreso, se ha declarado que la huelga es un derecho gremial, pero su reglamentación aún no ha sido implementada.
Es con agrado, ciertamente, que se glosa la existencia de tales garantías.
Pero, se reitera, del análisis de la realidad, tanto en el ámbito de la actividad privada como de la pública, emerge que las entidades sindicales que han creado quienes están afectados a sus servicios, tienen muy alto grado de politización, que no corresponde, derivada a su vez del muy alto grado de politización, ésta sí legítima, de un alto número de sus dirigentes, pues no han sabido guardar la distancia que corresponde entre un caso y el otro.
Y causa alarma el concepto que, sobre los fines y las potestades de sus entidades gremiales, muchos dirigentes de las mismas se han formado, pues es muy frecuente que actúen como si fueran equiparables a las de quienes las dirigen. Y si bien se puede reputar que no siempre es ilegítimo que se puedan formular petitorios que exceden los límites que estrictamente corresponde, lo es que aquellos que sin duda rebasan lo que estrictamente es pertinente se mantengan con intransigencia en las negociaciones, las dificulten y alarguen desmedidamente; también lo son los derivados de conceptos meramente políticos.
Es además muy equivocada la forma en que se desarrollan las negociaciones: es frecuente que no se advierta, por ejemplo, que muchos planteamientos, por la naturaleza de la actividad o del organismo o empresa involucrada, es imposible que puedan ser atendidos sin que transcurra un lapso de adecuación razonable que habilite el cambio sin exceso de trauma. Y también parece ser claro que no siempre se advierte que no todos los planteamientos tienen igual trascendencia.
También se aprecia déficit importante en quienes negocian acerca de cómo se debe manejar el concepto de «transacción»; algo que alarga desmedida e innecesariamente las negociaciones y su culminación.
Todo ello alarga tremendamente la duración de los conflictos, algo que sin duda causa muchos inconvenientes a vastos sectores destinatarios de los respectivos servicios, pero muy poca trascendencia le asignan quienes han planteado los conflictos.
Pero actualmente, además, la enorme extensión en el tiempo de algunos conflictos, el alto número de los destinatarios de sus servicios, el muy severo inconveniente que provocan a grandes sectores de la sociedad, la tremenda intransigencia de quienes los dirigen, y también la simultánea acumulación de planteamientos que a su vez alcanzan a vastos sectores de la población, es sin duda hecho que preocupa mucho.
Piénsese, por ejemplo, en la extensión del conflicto que mantienen los funcionarios municipales metropolitanos, que actualmente por varios días impide la recolección de residuos en la capital, además de la paralela suspensión de otros servicios, y se tendrá una idea de su trascendencia.
Y si agregamos lo que significa que las paralizaciones hayan llegado a servicios médico - quirúrgicos, con riesgo de que se extiendan a los demás de índole médica, y que ahora hasta los servicios de la Policía están siendo alcanzados por la suspensión de parte de ellos por «medidas de lucha», se podrá advertir con claridad hasta dónde está llegando actualmente el uso de las potestades sindicales y el grado en que ello afecta la convivencia colectiva.
Por ello parece llegado el momento de formular un llamado a la realidad, y paralelamente a la prudencia, no solo a las respectivas entidades sindicales; también a las autoridades públicas.