Opinion | 13 Ago Mientras el Poder Ejecutivo exhibe poco entusiasmo por hacer realidad la que denominó «madre de todas las reformas», es decir la del Estado, cuando se avecina el período electoral los sindicatos de trabajadores estatales por las dudas estrechan filas en «defensa» de la propiedad estatal y anuncian una asamblea nacional para acordar medidas de lucha.
Es así que más de 200 delegados nacionales discutirán en Montevideo, —donde anida precisamente la mayor burocracia— sobre la transformación del Estado y plantearán la participación sindical en este proceso. En realidad, lo único que puede aguardarse con absoluta certeza es que los gremios reafirmarán la postura contraria a cualquier avance o intento de asociación pública con capitales privados, luego que hace algunos meses intentó reeditarse la Comisión Nacional en Defensa de la Soberanía, con resultado negativo. Igualmente, desde la Mesa Sindical Coordinadora de Entes —intergremial que agrupa a los sindicatos de las empresas públicas— se buscará reformar el frente sindical contra cualquier intento de asociación o intento parcial de privatización.
No puede culparse a los sindicatos por defender sus intereses, desde que ese es precisamente el fin de su existencia, tanto desde el punto de vista salarial como de su ámbito y condiciones de trabajo. Esta es una acción legítima, inscripta en el ordenamiento institucional y con derechos consagrados en la Constitución, aunque pueda sí cuestionarse muchas veces que se equivoca en la metodología y las distorsiones que se originan en perjuicio de la población, que es además la que paga sus salarios.
El gran problema, empero, es que los sindicatos pretendan mimetizar la defensa de sus intereses con los del país, porque ahí media un abismo. Dentro del Estado hay situaciones muy disímiles en cuanto a salarios, beneficios y condiciones de trabajo, pero nadie puede dudar quién financia a la masa de funcionarios, que hay reinvindicaciones justas y también privilegios consagrados a costa de centenares de miles de trabajadores de la actividad privada que no tienen inamovilidad ni ventajas extra y que son los que pagan los costos de las crisis en desocupación, pérdida salarial y condiciones de trabajo, como ocurrió en 2002.
Los funcionarios nucleados en los gremios públicos rechazan sistemáticamente las asociaciones con privados, más que por consideraciones ideológicas —que también existen en la dirigencia— porque consideran que cualquier amague hacia la privatización puede poner en peligro la estabilidad de su trabajo o las exigencias ligeras en que generalmente lo desempeñan.
Ello explica que también hayan rechazado la incorporación de avances tencológicos impostergables, por entender que podrían estar amenazados los puestos laborales. Uno de estos casos típicos fue la oposición del sindicato de Antel a la instalación de centrales digitales, y de haberse aceptado su planteo, hoy tendríamos todavía en funcionamiento las viejas centrales electromecánicas y un sistema de teléfonos prehistórico.
Por lo tanto debe ponerse en claro que una cosa son los intereses de los funcionarios, al sentirse amenazados —generalmente sin ningún motivo valedero, por supuesto— y otra el interés general, el del ciudadano que paga los salarios, los beneficios desmedidos en muchos sectores del Estado, la burocracia y tarifas de servicios monopólicos ineficientes, sin tener donde elegir.
Esta visión contra las asociaciones y las privatizaciones también la tienen sectores de la fuerza de gobierno, que en planteo común con el sindicato de AFE lograron que recientemente el Poder Ejecutivo suspendiera por tiempo indeterminado —todo indica que hasta después que asuma el nuevo gobierno— la iniciativa de asociación de AFE con privados, para potenciar el ferrocarril estatal a efectos de que pueda operar como instrumento logístico para el desarrollo de producciones como la madera y los granos, entre otras cargas de gran volumen y bajo valor relativo. Estos pocos elementos ya dan la pauta de que pese a los enunciados de buenas intenciones, el Poder Ejecutivo, que cuenta con mayorías parlamentarias para aprobar leyes que lo hagan posible, no está dispuesto a pagar costos políticos.
Por lo tanto, nuevamente el interés general quedará relegado a la hora de las definiciones, para atender la demanda de grupos corporativos que pretenden erigirse por encima del bien y del mal, con la complicidad o aquiescencia de gobernantes que aspiran a mantener como sea su base electoral. Aunque el país tenga que pagar un altísimo precio por sus delirios.