Nacionales | 16 Ago Existe consenso político para convertir cuarteles en cárceles comunes, desde que el Senado incluyó en la Rendición de Cuentas un artículo que faculta al Ministerio de Defensa a pasar edificios en régimen de comodato al Ministerio del Interior. Actualmente hay unos 10.000 reclusos albergados en los centros de reclusión del país.
La Comisión de Hacienda, integrada con Presupuesto del Senado, aprobó por unanimidad un artículo que faculta al Ministerio de Defensa a otorgar en régimen de comodato al Ministerio del Interior predios que puedan ser destinados a cárceles, según informó radio «El Espectador».
«Faculta al Poder Ejecutivo para que se pueda por vía de un comodato traspasar bienes que están en manos de un ministerio al otro. En la Rendición de Cuentas no se crea al respecto una partida especial, sino que esto va dentro de la parte monetaria, recursos que van destinados al Ministerio del Interior», explicó el senador oficialista Eleuterio Fernández Huidobro.
La propuesta del senador nacionalista Jorge Larrañaga fue tomada por legisladores oficialistas y planteada en comisión. Senadores de todos los sectores coincidieron en que si bien es una solución parcial para descomprimir las cárceles, es una salida rápida y una buena señal de compromiso con el tema de parte del sistema político.
El senador nacionalista Carlos Moreira dijo que es una buena propuesta, pero que se debe ejecutar de forma urgente. «Parece una reacción saludable de parte de la bancada de legisladores del Frente Amplio que esto se incluya ahora como un aditivo en la Rendición de Cuentas y esperamos que se comience luego a ejecutar con la máxima celeridad, porque este tema del hacinamiento carcelario y la no reeducación de los presos es uno de los problemas más graves que enfrenta el tema de la seguridad pública en Uruguay», señaló.
El Ministerio de Defensa, tras reunirse con algunos dirigentes, le comunicó al Partido Nacional que no tiene inconvenientes en ceder dos predios del Ejército para la construcción de cárceles, e incluso recibió un informe de la fuerza en el que se detallan las características de esos predios. que en caso de prosperar la idea quedarían en manos del Ministerio del Interior.
La propuesta fue destinar el Regimiento 9 de Caballería ubicado en José Belloni y Aparicio Saravia y el predio de la ex cárcel de Punta Rieles emplazado en el kilómetro 13,500 de Camino Maldonado para la reclusión de presos primarios de baja peligrosidad. La idea inicial sería albergar a reclusos primarios. En las cárceles uruguayas subsisten unos 10.000 presos, de los cuales más de 1.500 son primarios.
SACERDOTE MéNDEZ ASUMIó COMO GERENTE DEL INTERJ
El nuevo gerente del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil, Mateo Méndez, trabajará sobre una propuesta basada en cuatro pilares: un enfoque centrado en el adolescente, el trabajo en equipo, la planificación y evaluación constante y la actualización permanente. Para el sacerdote lo más importante será el respeto a los derechos y obligaciones de los jóvenes, para que desarrollen un proyecto vital propio.
En una ceremonia en el Salón de Actos del Centro de Formación y Estudios del Instituto Nacional del Adolescente del Uruguay, Méndez asumió el cargo. El sacerdote se refirió a la seguridad de los centros especiales a cargo del Interj y dijo que el objetivo es cambiar el perfil de los encargados de la contención de los menores. Adelantó que hay avances en esa materia y señaló que el diálogo sostenido con el inspector de Policía de Canelones, Sergio Guarteche, fue positivo. Sin adecuar ese perfil, si la cercanía y el compromiso no están del lado de los adolescentes, para educar y formar, la propuesta queda vacía, analizó Méndez.
Ante ello, informó que se estudia si la permanencia de agentes policiales con uniforme es en beneficio de los internados, como también otras medidas en esa dirección. El ideal, dijo Mateo, es evitar la participación de los grupos policiales GEO, para actualizar la figura del guardia en cada centro.
Méndez presentó a su equipo de trabajo: Leonardo Güero trabajará en el área sicológica, Oscar de León lo hará en el rubro deportivo y recreativo, José Morgade se encargará de los espacios de encuentro y diálogo, Silvia Sosa de la educación y el trabajo, Richard Machado potenciará los programas a implementar, Javier Pérez trabajará en la administración del economato, Andrés Tomasino acompañará las labores administrativas y el comisario Bernares se encargará de la seguridad del Hogar Ser.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, señaló que la sociedad tiene una deuda acumulada muy importante que, entre otras cosas, permitió que los adolescentes internados vivan en su actual situación. Subrayó que cuando existen personas que quieren a los jóvenes y demostraron exitosos trabajos en esta materia, el gobierno debe proponer a una figura con ese compromiso para esta tarea.
En tanto, el director del Inau, Víctor Giorgi, indicó que el 0,5% de la población que atiende el instituto está bajo la órbita del Interj. Añadió que en estos adolescentes se refleja el núcleo más duro de la exclusión y de las respuestas a la infancia en situación de violencia social.
IGLESIA RESPONDE A MONZÓN
Decir que se puede robar por necesidad no responde a la doctrina de la Iglesia, según un comunicado aprobado por el arzobispo Nicolás Cotugno. El comunicado sale al cruce de las declaraciones del director del Instituto Nacional de Alimentación, el sacerdote Uberfil Monzón, quien reiteró que en determinadas realidades es legítimo que una persona pueda robar, por ejemplo, para comer.
El Instituto Arquidiocesano de Bioetica Juan Pablo II emitió un comunicado que afirma que «la Doctrina de la Iglesia no autoriza el hurto por ‘una simple necesidad’ como se ha dicho recientemente en la prensa, sino como excepción y ante un ‘estado de necesidad’ realmente apremiante con amenaza de peligro para la subsistencia real de la persona —lo que por cierto es algo más que una mera necesidad—, se puede uno valer de las cosas de otro para subsistir».
«No se justifica por tanto el hurto o la rapiña sino que se afirma el derecho de la persona a procurar su subsistencia del modo en que le es posible en una situación excepcional o estado de necesidad realmente acuciante», añade.