Opinion | 17 Ago Los activistas entrerrianos que se oponen a la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos compitieron en protagonismo con la asunción del presidente de Paraguay, Fernando Lugo.
Luego de varios meses de inacción en arroyo Verde —en los que se vio a sus principales dirigentes liderando piquetes en otras rutas entrerrianas durante el paro agropecuario— volvieron al ruedo. Ahora ocuparon el Consulado Uruguayo en Gualeguaychú. La excusa fue protestar por la incautación por parte de la Prefectura uruguaya de una lancha propiedad de un asambleísta que había sido utilizada durante una manifestación acuática y que violó las normas de seguridad impuestas en aguas jurisdiccionales de nuestro país.
Semanas atrás, al atracar en un puerto uruguayo esa lancha fue identificada e incautada.
El asunto es que la noticia de la ocupación de un consulado por unas 80 personas —diez adentro y setenta en la vereda— recorrió el mundo como cosa insólita. Sin embargo, para quienes hemos seguido de cerca las maniobras de los piqueteros entrerrianos esto no es ninguna sorpresa. Volvieron a lograr su objetivo mediante el uso de la violencia: atrajeron la atención —la novedad fue divulgada incluso por agencias internacionales de noticias— y ahora serán recibidos por la Cancillería argentina, a la que pedirán que que haga gestiones para que se restituya la lancha a su propietario activista y que no se drague el río Uruguay para «no favorecer a Botnia» desconociendo —Gualeguay- chú no está sobre el río Uruguay— el legítimo reclamo de ciudades litoraleñas portuarias argentinas, como el de Concepción del Uruguay. Desde hace casi cinco años los hemos visto imponiendo su parecer por la fuerza, reclamando por sus derechos y desconociendo los de los demás, pensando que el mundo es su ombligo alentados por la inanacción de un gobierno que hoy no sabe qué hacer con ellos.
El presidente Vázquez expresó ayer su deseo de «reconciliación» con el gobierno argentino.
Habrá que ver la reacción definitiva de éste a los recientes hechos. Ingresar a una sede diplomática de un país vecino, ocuparla y presionar a sus tres empleados por algo que no podían resolver directamente, es propio de la prepotente forma de actuar de la Asamblea de Gualeguaychú, pero no debería pasarse por alto.
Por lo pronto se impone una protesta de la Cancillería uruguaya por los hechos del Consulado de Gualeguay chú y tratar el tema de la lancha como si fuera la de cualquier hijo de vecino.
Porque todos sabemos que el meollo de la protesta del Consulado no fue la lancha sino que ésta fue la excusa ideal para una mediática vuelta al ruedo.