Opinion | 18 Ago La organización no gubernamental «Un Techo para mi país» llegará a fin de mes a la construcción de la casa número 1.000 en Uruguay. Es una buena noticia, que demuestra la solidaridad de voluntarios que trabajan en la construcción de unidades de madera para personas que habitan en viviendas precarias.
También de aquellos que efectúan donaciones y colaboran para recolectar los fondos necesarios.
Días atrás se llevó a cabo una colecta nacional, donde 3.000 voluntarios salieron a las calles a denunciar cómo viven miles de familias uruguayas, y recaudaron fondos para las construcciones de finales de invierno.
Se trata de viviendas de madera levantadas sobre pilotes de eucalipto tratado para aislar de la humedad con techo de zinc, que cuestan 25.000 pesos. Los beneficiarios pagan el 10% del valor.
Sin embargo, el hecho de que fundaciones sin fines de lucro trabajen para mejorar la situación de quienes habitan en casas precarias deja al descubierto la insuficiencia o ausencia de planes gubernamentales efectivos que permitan el acceso a viviendas dignas a personas de bajos recursos.
Se continúan formando asentamientos irregulares. En 2007 existían más de 400 asentamientos en Montevideo y unos 700 en el total del país.
Las cifras para 2004, recabadas por el INE (Instituto Nacional de Estadística) en la Fase I del Censo de Población, indican que el 5,4% del total de la población habita en asentamientos irregulares.
Según informó a «El País» el año pasado la socióloga María José Alvarez, investigadora del programa sobre Integración, Pobreza y Exclusión Social de la Universidad Católica, la mayoría de las familias que se ubican en asentamientos irregulares aduce que el motivo principal de su traslado a una vivienda informal obedece a la imposibilidad de pagar un alquiler y otros señalan que es la única forma de tener casa propia.
Los asentamientos necesitan, posteriormente, una mayor inversión para su regularización.
Esto requiere la compra por el Estado de los terrenos donde se encuentran las edificaciones, construcción o mejora de las viviendas y brindar los servicios necesarios e indispensables para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Es decir, continuamos curando la enfermedad, no previniéndola.
Esto también trae, como colación, dificultades a la hora de una correcta planificación urbanística. Intentar subsanar una situación de índole urbano no permite planificar con miras al futuro, pensando en el crecimiento de las ciudades y en el potencial que puede tener una determinada área para actividad industrial o turística, por mencionar alguna.