Opinion | 21 Ago Pese a contar con una gran reserva de recursos naturales, el subdesarrollo del Cono Sur latinoamericano, incluyendo a naciones «emergentes» como Brasil, es factor fundamental para que la crisis energética nos golpee como el que más, aún contando con grandes exportadores de gas natural y petróleo, como es el caso de Bolivia y Venezuela, además de grandes ríos todavía sin explotar en sus posibilidades de generación de hidroelectricidad, entre otras alternativas.
La ausencia de integración energética es un elemento distorsionante para las economías de países como Uruguay, sobre todo, por su alta vulnerabilidad y dependencia, que se agrega al hecho de ser vecino de Argentina, un país que tiene un enorme potencial pero que tropieza con las serias limitaciones e incongruencias que surgen de políticas erráticas, populistas y distorsionantes.
De acuerdo a los datos que maneja el Indice de Precios de los Energéticos Industriales, el costo de la energía para las empresas uruguayas se incrementó un 20,64 por ciento en los primeros siete meses del año, debido a la incidencia de factores como el alza del 14,6 por ciento en promedio de las tarifas de Ancap, el 18,7 por ciento de la energía eléctrica y de 43,2 en el gas natural, a lo que se agregará en el caso de la industria un fuerte reajuste desde agosto.
A la vez, se desprende del análisis que los precios de los energéticos en Argentina son los más competitivos de la región en todos los segmentos, con diferencias que llegan al 66 por ciento en la energía eléctrica y 58 por ciento en el gasoil, en tanto el gas natural es diez veces más barato que en el Uruguay.
Claro que hay explicaciones para este escenario: el gobierno de los Kirchner, y en menor medida los anteriores, han optado por establecer fuertes subsidios a la energía, negándose sistemáticamente a trasladar al plano interno los valores internacionales, los que sin embargo sí hace pagar con creces a quienes les compran.
De esta forma, Argentina tiene instalado un sistema de subsidios internos que pretende sustentar sus políticas populistas, con la expectativa de evitar protestas por el costo de vida. Ocurre que como sostiene el refrán, la mentira tiene patas cortas: en la economía es imposible disfrazar costos reales, porque hay leyes muy precisas que no se pueden esquivar más que un corto tiempo.
Así, para que alguien pague las cosas más baratas, hay que trasladarle los costos verdaderos a otros, lo que implica una distorsión flagrante del mercado y acumular presión a través de un mecanismo de transferencia digitada de recursos, con el Estado como administrador, pero a la vez quedándose con la parte del león con el argumento de promover la justicia social.
El resultado de esta maraña de subsidios es una gran distorsión, que también afecta a terceros, al disponer Argentina de energía más barata. A la vez genera bienes y servicios a menor precios que compiten con los de los países que, como Uruguay, compiten en la región y en el mundo utilizando esa energía a mayor precio.
Como bien indica en su artículo «La inflación enferma al jaguar sudamericano», nuestro corresponsal en Chile, Horacio Brum, uno de los elementos negativos para la economía trasandina, afectada por una inflación por encima del rango que tenía hasta no hace mucho, es su dependencia del gas natural argentino.
Chile suscribió contratos sin tener en cuenta el carácter impredecible de la política interna de Argentina, y creyó que podría tener un suministro constante y barato, como seguramente también se ilusionó nuestro país en su momento.
Este ha sido un error fatal, porque ante problemas de suministro y la necesidad de mantener el esquema de subsidios en que se basa su economía, el gobierno de Cristina Kirchner aplicó detracciones al gas natural que importa a menor precio desde Bolivia y revende, haciendo valer la norma de cobrar a sus vecinos el mayor precio del gas natural que compra, como es el caso del barco regasificador que recala en Bahía Blanca.
En buen romance, como sostiene Brum, los chilenos (Uruguay también), «están pagando los gigantescos subsidios que permiten al gobierno argentino mantener un precio irreal del gas para sus ciudadanos y evitarse el costo político de adecuar las tarifas a los niveles regionales y mundiales».
El punto es que la realidad no puede ocultarse eternamente, y además de causarle temporalmente un daño imposible de evaluar a esta altura a sus vecinos de la región, la Argentina no podrá mantener por mucho tiempo más este esquema irracional, por lo que deberíamos prepararnos para cuando el momento llegue. Y la forma de prepararnos es reducir al máximo posible la dependencia y las vulnerabilidades, con la esperanza de que este sinceramiento de nuestros vecinos se procese en la forma menos traumática posible. Por ellos y por nosotros.