Paysandú, Sábado 23 de Agosto de 2008
Locales | 18 Ago De acuerdo a la Ley 18.127, cuestionada por cientos de colonos en todo el país, los predios que fueron adquiridos por la ley anterior a la 11.029, de 1948, que dio lugar a la formación del Instituto Nacional de Colonización (INC), deben también inscribirse antes del 3 de noviembre de este año ante el instituto, a efectos de la regularización de títulos de propiedad.
Los colonos cuestionan que antes de la vigencia de la 11.029, compraron los predios a través del Banco Hipotecario y terminaron de pagarlos, por lo que tienen la propiedad de los predios de pleno, sin las limitaciones que estableció la 11.029 -recogidas ahora por la 18.127— a los que se acogieron al régimen posterior del INC, que establecen que deben transferirse a otros colonos y contar con la autorización del instituto, entre otros aspectos.
Los reclamantes sostienen que se afecta su derecho a la propiedad, y que se incorporan limitaciones que distorsionan las operaciones de compra-venta, además de afectar precios y posibles negocios.
Como derivación de esta situación, se ha constituido un movimiento que surgió desde Paysandú, que apunta a que el sistema político modifique la norma, ante los perjuicios que provoca por afectar derechos adquiridos, en tanto parelalemente, con el apoyo profesional de los doctores Enrique Malel y Nicolás Olivera se están redactando los documentos a presentar ante la Suprema Corte a efectos de obtener la declaración de inconstitucionalidad de esta ley.
Esta declaración se obtiene caso por caso, por lo que cada afectado debe presentar su propio recurso, con la expectativa de que al generalizarse los pronunciamientos del órgano supremo de Justicia, el Poder Ejecutivo decida dejar sin efecto la ley.
Mientras tanto, el INC reitera que desde el 2 de noviembre de 2007 está vigente la Ley 18.127, que prevé la regularización de títulos y planos de propiedad de los propietarios de tierras que han adquirido fracciones afectadas por el INC sin el consentimiento del ente. Se trata de fracciones rurales que alguna vez pertenecieron al instituto o al Banco Hipoecario del Uruguay, aclara.
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