Opinion | 23 Ago La competitividad de los productos uruguayos es esencial para mantener la actividad económica interna, desde que por un lado genera la posibilidad de ingresar a otros mercados con precios ventajosos y por otro, la de competir en el mercado interno con mercaderías ingresadas desde otras latitudes.
Ocurre que estamos ante un mundo donde el proteccionismo se ha extendido, pese a los acuerdos que se han alcanzado en la Organización Internacional de Comercio (OMC), en tanto el reciente fracaso de la última reunión de la Ronda de Doha ha sido un elemento revelador de las serias diferencias entre los países desarrollados y los productores de materias primas, sin olvidar la postura ambivalente de naciones «emergentes» que captan gran parte de las inversiones.
El problema es que de alguna u otra forma, no hay nación que no busque mecanismos para proteger sus fuentes de trabajo, por vías directas o encubiertas, y mucha agua ha corrido bajo los puentes desde el intento de los franceses de hacer realidad el «dejar pasar, dejar hacer», incorporando la tesis de un libre comercio que en los hechos fue desvirtuado por la preeminencia de los grandes capitales que se hicieron dueños del mercado.
Actualmente las naciones industrializadas cumplen ese papel, al dictar las reglas y proclamar el libre comercio como un ideal a seguir, pero por su lado aplican medidas en defensa de su producción, como es el caso de los cuantiosos subsidios que pagan a sus agricultores para mantenerlos en la tierra, y de paso exportar excedentes al amparo de los subsidios, como ha ocurrido durante largo tiempo con los lácteos de la Unión Europea.
No puede extrañar que un país pequeño como Uruguay, altamente vulnerable al acontecer internacional y productor industrial en pequeña escala, tenga problemas adicionales para hacer frente a estas prácticas desleales, que generan distorsión en nuestro esquema productivo y acentúan problemas estructurales. Por lo demás, nuestra dependencia del Mercosur es otro agravante, por cuanto estamos rodeados por dos grandes vecinos que pese a proclamar su respeto a las normas del bloque regional, tienen vigentes mecanismos proteccionistas y aplican el bilateralismo dentro del bloque, para favorecer sus economías y acentuar las asimetrías existentes respecto a los socios menores Paraguay y Uruguay.
En este escenario, el gobierno ha emitido recientemente un decreto que consagra un mecanismo de «defensa de la industria nacional» ante subvenciones concedidas por otros países para alentar la colocación de sus producciones.
El decreto establece que si «un gobierno de otro país otorga una subvención a un producto o sector determinado, Uruguay podrá imponer un arancel que compense el beneficio que tiene ese producto para ingresar al mercado local, por un plazo máximo de cinco años y una vez que se haya investigado que la subvención causa un efecto desfavorable o perjuicio grave a un producto o sector industrial.
Por supuesto, no es nada nuevo respecto a lo que hacen otros países, que también tienen incorporados mecanismos como la cuotificación para el ingreso, o plantean problemas sanitarios para impedir el ingreso de mercadería, en defensa de su producción y ante reclamos sectoriales internos.
Y peor aún, uno de nuestros principales socios comerciales, la Argentina, tiene vigente desde hace años un complejo esquema de subsidios, que comprende incluso la energía que consume y a la vez aplica recargos a la que exporta, como el gas natural, en lo que es una flagrante competencia desleal que distorsiona seriamente el comercio bilateral y la competitividad en terceros países, por añadidura.
Encima, aplica estos mecanismos en el marco del Mercosur, como si fuera la práctica más natural del mundo, con el agravante de que en cuatro provincias produce bajo subsidios adicionales. Ante estos casos, y las detracciones a ciertos productos de exportación, el Uruguay ya tiene vigentes determinadas normas de protección, pero a juzgar por los resultados, esta compensación resulta insuficiente y debería ser revisada y extendida.
Claro que no se trata solo de aplicar compensaciones para atenuar asimetrías, desde que la forma racional y estructural de hacer frente a estos problemas de competitividad es la de abatir costos de producción mediante una reducción de los costos del Estado para los sectores reales de la economía, como política nacional, por encima de coyunturas. Y este es un aspecto pendiente que debería tener urgente resolución.