Opinion | 20 Ago Pese al río de dinero que ingresa a Venezuela por efecto de la suba de los precios del petróleo, el presidente Hugo Chávez no encuentra recursos suficientes para llevar adelante sus programas sociales, y va a apelar a la nacionalización de la industria cementera para obtener dinero extra.
El mediático jefe de Estado oficializó la nacionalización de esta industria, en la que participan capitales de Francia, Suiza y México, tras haber adoptado el 4 de abril las medidas jurídicas y económicas para adquirir las tres principales cementeras, y decidir expropiar a la cementera mexicana al no llegar a un acuerdo sobre el precio de venta.
Según Chávez, su decisión obedece a que quiere «lanzar con fuerza el plan de construcción de viviendas en el país», desde que se ha quejado de que los planes oficiales de construcción de viviendas se ven retrasados debido al déficit de cemento en el país, por cuanto las cementeras exportan la mayoría de su producción.
Aparentemente, es todo un tema de mercado y de precios, que el presidente procura superar mediante la nacionalización, en una «solución» que puede ser peor que el problema, si se tiene en cuenta que el costo de la compra y la gestión estatal puede resultar un caballo de Troya para los fines que supuestamente persigue el mandatario caribeño.
Pero sobre todo, es una incongruencia más de un gobierno que mientras no tiene dinero para atender los graves problemas sociales que tiene el país, donde se importa prácticamente de todo al amparo de los enormes ingresos petroleros, sí «invierte» decenas de miles de millones de dólares en la compra de sofisticado armamento en Rusia, para contar con fuerzas armadas disuasivas en la región.
Con la excusa de armarse para hacer frente al «imperialismo» de Estados Unidos, al que sin embargo no vacila en venderle todo el petróleo que puede, Chávez gasta en armamento fortunas que podría volcar a la construcción masiva de viviendas, con cemento del origen que sea, porque dinero no debería faltarle para pagarlo.