Locales | 23 Ago La Junta Departamental cumplió anoche una de las sesiones más particulares de que se tenga memoria: concluyó el trabajo de la Comisión Investigadora y fue incluido en el último punto del orden del día, pero en sala no hubo informe del Frente Amplio aunque sí de la minoría firmado por los ediles Nicolás Olivera, Partido Nacional, y Nilda Belvisi, Partido Colorado.
Este tema monopolizó la sesión, presidida por Alejandro Machado, que debutaba en tal función, a partir de que la minoría hiciera repartir su informe apenas iniciada la media hora previa. En ese momento se comentaba en el ambulatorio que el Frente Amplio procuraría que el tema no fuera considerado y que se postergara para la siguiente sesión.
Llegado el punto, abrió el fuego el edil Walter Duarte —único de los representantes frenteamplistas en aquella comisión— para decir que la bancada estaba dispuesta a votar solo los puntos 4 y 5 de la resolución que presentaba el informe de la minoría. Por lo demás estaban de acuerdo con lo expresado en el cuerpo del documento en lo concerniente a que no se configuraron irregularidades pero sí abusos o excesos.
Esto no fue aceptado por los ediles Olivera y Belvisi, así como fustigado por diversos ediles nacionalistas que llegaron a calificar como «una vergüenza que el FA no presentara un informe luego de tres meses de trabajo», especialmente cuando fue esa fuerza política la que inició el tema con una real o presunta investigación interna, así como con la renuncia de cuatro ediles del MPP a los que —según la propia dirigencia del sector— se les habría pedido la renuncia.
Sobre las 0.15, afirmativo
A las 0.15 de hoy el cuerpo procedió a la votación nominal del informe en minoría. Fue aprobado por 23 votos en 28 ediles presentes, con el «afirmativo» de las bancadas nacionalista y colorada y parte de la frenteamplista. Solamente votaron «negativo» los ediles oficialistas Pitetta, Falleti, Pesce, Fontora y Medina, dejando su banca vacía el edil Duarte. Luego él mismo ingresó para pedir que todo lo dicho en sala pasara también a la Comisión de Asuntos Internos, donde —por haberse pedido en el informe— pasan todos los antecedentes reu- nidos por la Investigadora.
Un punto álgido de la sesión se dio cuando el edil Duarte, tras exponer sus argumentaciones, pidió que se votara una moción de orden para cortar el debate, lo que fue censurado de plano por la bancada nacionalista, que tuvo entonces que acatar la imposición de la mayoría.
Las partes medulares
del informe
Resumiendo lo expresado por la minoría y finalmente aprobado por la Junta, se afirma que la documentación que posee el Área Financiero-Contable del cuerpo «está ordenada y controlada; los recibos están intervenidos y firmados por la contadora delegada del Tribunal de Cuentas; los Gastos de Representación de cada edil fueron oportunamente aprobados por parte del presidente de la Corporación en su calidad de ordenador primario de gastos ( Art. 3 Res. Nº 142/06); se cumple con la reglamentación vigente en cuanto a los montos asignados a cada edil; el promedio del total de lo gastado no alcanzó al 50 por ciento de lo asignado por la Resolución Nº142/06, etcétera».
Sostiene además que «la resolución al momento de pronunciarse acerca de los rubros objeto de reintegros, es amplia, no taxativa, no dispone topes máximos en cada rubro a reintegrar y lo suficientemente vaga como para que no exista un control, que no sea el vinculado a la formalidad de los documentos que se presentan».
Lo que comprobaron
Se evalúa que «si bien algunos gastos efectuados por los ediles no pueden ser rotulados de irregulares o formalmente reñidos con el reglamento, sí pueden ser considerados excesivos y ajenos al espíritu que inspiró la norma que habilita el reintegro de gastos, a modo de ejemplo se encuentran situaciones como: presuntas irregularidades en algunas boletas; gastos excesivos en comunicaciones; gastos de combustibles no razonables con el ve-hículo declarado ni con la labor desarrollada en la Junta; montos elevados en taxis y remises; compra de costosos celulares; se asumen compromisos en cuotas; pasajes de transporte terrestres frecuentes, a un mismo destino fuera del departamento; carga de combustible excesiva realizada por un edil en un solo día; edil que tiene declarado en la Junta un automóvil presenta boletas de un comercio de repuestos exclusivo de motos; contratos de telefonía móvil de elevados montos y alguno con dirección de Montevideo; gastos elevados en reparación de vehículos».
Dice la comisión que «muchas de estas observaciones tienen que ver con la ética, con ese difícil equilibrio de la conciencia moral de cada uno, del libre albedrío y sus derivaciones de orden práctico. Frente a la toma de decisión de cómo disponer de los recursos asignados, algunos ediles han tomado diversas actitudes».
que se pide al plenario
En conclusión, la Comisión Investigadora pide al plenario y este aprueba por mayoría que «las boletas mencionadas en el numeral 5º, entre otras, sean analizadas por profesionales (contador o abogado) y atento a las conclusiones a que arriben, derivarlas, si correspondiera, a los organismos competentes a efectos de determinar si existen irregularidades tributarias; crear una página web de la Junta Departamental y subir toda la información detallada del uso de los Gastos de Representación desde su inicio hasta la fecha, de todos los ediles. Que de ahora en más se publiquen mensualmente; publicar en un medio de prensa escrito los gastos efectuados hasta la fecha por todos los ediles, detallando montos y rubros según el planillado que se adjunta; derogar la cuestionada Resolución Nº 142/06 por la que se establecieron los Gastos de Representación hasta tanto no se instrumenten medidas que otorguen las debidas garantías a la Administración de la Junta Departamental, para preservar el fin con que se instituyeron; que el tema pase a la Comisión de Asuntos Internos para la redacción de la nueva Reglamentación de Gastos, quedando los miembros de la Comisión Investigadora a disposición de la misma».