Opinion | 24 Ago Sorprende lo que a primera vista aparece como contradicciones en los fallos de la Justicia en los que están involucrados menores, que lamentablemente son cosa de todos los días en nuestro país, debido a la absoluta impunidad con que cometen sus delitos (perdón, infracciones), lo que pauta un factor adicional de distorsión en la problemática de la falta de seguridad en nuestras calles. Recientemente, en Paysandú, un fallo judicial que todo indica pretendía ser ejemplarizante por la severidad con que se juzgó a la madre de un menor que compró un objeto robado —fue procesada con prisión— contrasta con sucesivos pronunciamientos en los que reincidentes en la senda del delito fueron procesados sin prisión, cuando ya infligieron daños a la comunidad y lo volverán a hacer, amparados en la impunidad de la que gozan.
Es cierto que no puede cuestionarse a primera vista la actitud de los magistrados, al no tener acceso al expediente y por lo tanto a los pormenores del caso, pero no es menos cierto que igualmente hay manifiesta incongruencia entre fallos en situaciones que semejan ser muy similares.
Lamentablemente, el criterio imperante a la hora de juzgar por lo general no solo traduce extrema tolerancia hacia el delincuente, sino que en el caso de los menores tampoco suele trasladar a sus responsables —salvo en el caso específico mencionado— la responsabilidad por las acciones que cometen, y es raro que se sancione a los involucrados con la obligación de cumplir trabajos comunitarios, para al menos mitigar la absoluta impunidad que tienen los menores para cometer sus tropelías.
El mensaje que éstos reciben a diario es que todo les está permitido por su edad, al punto de que tras pocos minutos de comparecer ante los estrados judiciales reinciden en el delito, y así sucesivamente, hasta que alguna vez son «internados» en dependencias del INAU, de las que escapan -o simplemente se van-antes de que el policía que los custodia dé vuelta a la esquina.
También arremeten contra la Policía, al saberse «intocables» por la sobreprotección que les da un código creado en la década de 1930, que establecía que recién a los 18 años una persona sabe lo que está haciendo. Eso no es más que una burla grotesca en estos tiempos en que los menores tienen acceso a información y un código de valores que los introduce mucho antes a la posibilidad de discernir entre lo que pueden hacer y lo que está penado por la ley.
Sin dudas hay explicaciones para esta degradación de valores, desde que son notorios los cambios que se han generado en la sociedad, en la que en gran medida se han perdido las referencias de la figura paterna y materna, del respeto a los mayores y a su autoridad, con divorcios prematuros y uniones sin responsabilidades compartidas, frecuentes cambios de pareja y hogares monoparentales en los que niños y adolescentes no son vistos como antes.
Pero una cosa es evaluar los factores problemáticos como un factor distorsionante y otra pretender situarlos como la única causa de criminalidad, con la sociedad en el banquillo de los acusados como promotora de las condiciones para que la delincuencia campee mientras el antisocial siente que está haciendo justicia contra los que lo impulsaron a delinquir.
Este estereotipo que sectores del gobierno nos han querido vender para hacernos culpables de todo lo que pasa al ciudadano agredido hasta dentro de su hogar, pretende explicar la pasividad e inacción de un Ministerio del Interior que a través de su titular, Daisy Tourné, atribuye a los medios de comunicación gran parte del problema por «inflar» las noticias y transmitir a la población una «sensación» de inseguridad que a su juicio no es real.
En realidad, lo que se informa es apenas la punta del iceberg en cuanto a los actos delictivos que a diario sufre la población. En el caso de Paysandú, tenemos diariamente y no se informa de ello, montones de raterías, arrebatos, vandalismo, pedreas, actos de patoterismo e intimidación a los vecinos que denuncien a los agresores, a los que hay que ir a «comprar» lo que roban a los ciudadanos, porque la Policía y la Justicia no tienen mecanismos a mano para defender sus derechos.
Esta es la inseguridad que «inventamos» quienes informamos, a juicio de la ministra, quien ya debería haberse ocupado de lograr soluciones reales para este estado de cosas, en vez de seguir revolviendo cifras y archivos para «demostrar» que los espacios informativos dedicados a noticias policiales han crecido más que los delitos. O, en el extremo de frivolidad, de aprender equitación con los coraceros. ¿Pensará salir a patrullar a caballo, para reforzar la escasa presencia policial en las calles?