Opinion | 27 Ago De acuerdo a datos oficiales divulgados por el Ministerio de Salud Pública, mutualistas de Montevideo y del Interior no están cumpliendo con los tiempos de espera establecidos para consultas con especialistas, fundamentalmente en el área de pediatría, que es donde se manifiestan las mayores demoras.
Por supuesto, este aspecto es más grave en las propias dependencias de Salud Pública, ahora dependientes de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse), donde las esperas y colas para la atención de los usuarios por especialistas vienen desde larga data, con apenas algunas respuestas parciales que no han ido al fondo del problema.
La información que divulga el MSP no puede llamar la atención, porque desde la entrada en vigencia de la reforma de la salud se han inscripto en las mutualistas decenas de miles de personas que antes eran atendidas por el Estado, y salvo excepciones que confirman la regla, y aún con reparos, las mutualistas no han mejorado infraestructura, disponibilidad de técnicos y personal para atender la sobredemanda que surge de esta incorporación de pacientes.
Y por mejor buena voluntad que se ponga, es indudable que cuando se afilian masivamente usuarios de un día para otro y no se genera la contrapartida en recursos humanos y materiales, el sistema se resiente significativamente, en el caso que nos ocupa con largas esperas para especialistas pero también en otras áreas de la medicina.
Así, las consultas han aumentado significativamente y las esperas no solo han aumentado para las especialidades, sino también para las consultas de medicina general, para las intervenciones quirúrgicas y otros actos médicos. Y aunque el gobierno subraye que estamos ante una política inclusiva, para que el usuario tenga donde optar y se promueva la igualdad en el servicio, en la realidad lo que se ha hecho es compartir carencias y acentuarlas, en muchos casos, para los usuarios de la salud privada que pagan onerosas cuotas y reciben peor atención que antes. Todo ciudadano tiene derecho al mejor servicio de salud posible, cualquiera sea su situación económica, y hacia este objetivo debe tenderse. Pero se ha apurado en demasía el paso y puesto la carreta delante de los bueyes por la vía de la aplicación apresurada de una reforma que ha instituido un nuevo impuesto para los trabajadores, que deben redoblar el esfuerzo para financiar un sistema que en realidad está igualando hacia abajo y que requiere reformas sobre reforma.