Opinion | 30 Ago La industria cementera estatal apunta a incrementar este año en otros diez millones de dólares las pérdidas acumuladas durante ocho años por encarar esta actividad en competencia con la actividad privada, desde que contrariamente a lo que ocurre con los combustibles, el suministro eléctrico y el agua potable, Ancap no tiene el monopolio en este abastecimiento.
Durante ocho años Ancap ha acumulado un déficit por mantener en operación las dos industrias cementeras —Minas y Paysandú— del orden de los 35 millones de dólares, de acuerdo a lo manifestado por el director del organismo Germán Riet, y con el desfasaje de este año el déficit acumulado podría llegar a unos cuarenta y cinco millones de dólares, debido al aumento de costos por operar los hornos con gas natural, lo que se pretende revertir mediante una inversión prevista de 140 millones de dólares.
Ninguna empresa privada hubiera soportado semejante déficit, pero Ancap no ha tenido problema alguno porque simplemente ha desviado fondos por ingresos correspondientes a su operativa con combustibles y alcoholes para solventar los números sistemáticamente en rojo que presentan las dos plantas de cemento.
En realidad, lo que ha hecho la empresa estatal es un simple pasamanos con el dinero de los uruguayos: como tiene el monopolio, simplemente ha aumentado las tarifas y la recaudación para atender el déficit, y así «todos contentos». Bueno, no todos, porque el usuario, a quien no se le consultó si quiere sostener a pérdida el pleno empleo y funcionamiento de las fábricas, solo ha sido tenido en cuenta para aplicarle sobrecostos sin derecho al pataleo.
Durante ocho años, cada uruguayo ha puesto de su bolsillo dinero para juntar 35 millones de dólares, con los que se ha podido pagar los salarios de los funcionarios de las plantas de cemento y mantenerlas operando a pérdida.
La otra alternativa era aumentar los precios del cemento, para no trabajar a pérdida, lo que también equivaldría a trasladar su ineficiencia y obsolescencia a la población, en este caso solo a los compradores de portland. Pero claro, no pudo hacerlo, porque está como «ente testigo» la industria del cemento privada «Artigas», que tiene mucho mayor productividad que Ancap, primero, porque tiene menos funcionarios por tonelada de portland que produce, y aplica el sistema privado, que busca la eficiencia y la competitividad.
Por ende, el establecimiento privado ha fijado la bolsa a un precio por el cual le alcanza para hacer frente a sus costos y obtener una rentabilidad razonable. Ocurre que ese precio es muy inferior al costo que tienen las obsoletas cementeras de Ancap para producir, y como el organismo estatal no podría vender una bolsa a nadie si la cotizara por encima del cemento privado, no ha tenido más remedio que ponerla al mismo precio, a pérdida, por supuesto. Pero en el Estado no hay desocupación ni seguro por desempleo, y los cargos gerenciales de Ancap, como sus trabajadores, mantienen la seguridad de su fuente de trabajo, con muy buenos salarios, aún si la empresa trabaja a pérdida la planta arroja déficit.
Todos los uruguayos aportamos para que haya pleno empleo en el Estado, y en este caso de Ancap es flagrante que todos los trabajadores, jubilados, de cualquier situación económica, por la vía de los impuestos y sobreprecios en combustibles, están financiando que se mantengan los beneficios para sectores que perciben ingresos muy por encima del promedio de los trabajadores.
Es cierto, a nadie se le puede pasar por la cabeza que los funcionarios renuncien a sus empleos o ellos mismos se saquen beneficios, si a la vez el poder político les ha otorgado esta posibilidad, en tanto paralelamente se asocian con otros gremios del Estado para presionar por mejoras.
Tenemos una muestra de lo que es la competencia en cuanto al beneficio en precios que significa para el consumidor, aunque lamentablemente esta posibilidad no la tenemos en la electricidad, en los combustibles y en las áreas en las que el Estado abusa de su monopolio para imponernos mayor costo y baja calidad de servicios.
Lo que es bueno para quienes manejan y están dentro de las empresas del Estado no necesariamente le sirve —en realidad nunca le sirve— al ciudadano común, que está del otro lado del mostrador, y eso debe tenerse presente en todo momento, para cuando reaparezcan las campañas plebiscitarias y eslóganes para hacernos pasar por tontos, pretendiendo disfrazar una realidad que rompe los ojos.