Opinion | 26 Ago La reciente infracción legal cometida por Eufores, subsidiaria forestal de la empresa Ence, contra el monte nativo en la zona de Piedras Coloradas, tuvo una amplia difusión nacional. A ello contribuyó no solo la importancia de esta empresa —una de las principales forestadoras con eucaliptos en el país— sino también el hecho del inicio de la construcción de una mega planta de celulosa en Colonia, lo que genera resistencias entre los ambientalistas uruguayos de la zona además de contribuir a condimentar la polémica existente con Argentina. Seguramente, de haber sido otra empresa la que hubiera talado parte de 80 hectáreas de monte nativo en una zona donde había árboles autóctonos de alta calidad como el algarrobo, el asunto no habría tenido tanta repercusión puesto que a una semana de haber salido a la luz todavía sigue ocupando lugares destacados en los medios informativos nacionales.
La afirmación anterior se sustenta en que aquí mismo en Paysandú —como también en otros lugares del país— ocurren talas importantes de monte nativo que no tienen la misma difusión pública, aunque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de su Dirección General Forestal y su Dirección de Monte Nativo realicen las mismas actuaciones técnicas, inspectivas y sancionatorias que ha realizado y está realizando aún en el caso de Ence.
Aquí en Paysandú hay otras denuncias por tala de monte nativo, algunas de ellas de mucho menor entidad que las 80 hectáreas afectadas en Piedras Coloradas, pero otras bastante mayores en extensión y afectación del recurso natural, según informó EL TELE- GRAFO en referencia al caso de más de 300 hectáreas de monte nativo que se habrían talado en dos establecimientos sanduceros propiedad de extranjeros, sobre lo cual el ingeniero Andrés Berterreche dijo que estas prácticas «no son cosa de todos los días, pero suceden con alguna frecuencia».
Si algo bueno puede extraerse de lo ocurrido es que el tema ha entrado en la agenda pública, favoreciendo la información de la población respecto a que este tipo de acciones que ocurren y significan un deterioro de nuestros recursos naturales, cada vez más amenazados por un manejo economicista que prioriza la rentabilidad —agrícola, ganadera o forestal— por sobre la legislación existente para proteger nuestra naturaleza.
Por eso, corresponde que las autoridades tomen rápida intervención para comprobar todas las denuncias existentes y actuar con la misma mano firme en todos los casos.