Opinion | 29 Ago Una nueva veda de pesca comenzará a regir en el río Uruguay a partir de setiembre y hasta el 28 de febrero de 2009, según informó la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara). En esta instancia, las zonas sobre las que pesa la prohibición total de la pesca comprenden la represa de Salto Grande y el puerto de Salto, en tanto el resto del río habrá fuertes restricciones a la cantidad de redes y anzuelos que utilizan los pescadores.
La pertinencia de adoptar un criterio precautorio con las especies y recursos de la zona es indiscutible.
Sin embargo, la intención de, paralelamente, cuidar los intereses económicos de los trabajadores del rubro no ha pasado de una declaración. Ejemplo suficiente es que el subsidio aprobado por el gobierno para la veda que rigió hasta febrero pasado recién fue aprobado por el Poder Ejecutivo el 11 de agosto, a efectos de ser pagado a más de doscientos beneficiarios.
Como en muchos casos, la situación permite varias lecturas y amerita muchos análisis. El hecho es que en procura de alcanzar el feliz cometido de devolverle un «orden» a la actividad pesquera artesanal, proteger el recurso y mantener —sin necesidad de subsidio— la fuente de sustento de más de doscientas familias debieron concretarse modificaciones en el sistema. Sin embargo las mismas recién «están a estudio» y seguramente la situación volverá a requerir actuaciones «parche».
Los propios pescadores, a través de su delegado ante la Dinara, Ismael Sequeira, han insistido que su deseo siempre fue que «dejaran pescar y trabajar tranquilos» y «no tratar de solucionar la situación con canastas alimenticias y subsidios».
Preservar está bien, racionalizar aún mejor, pero para ello es necesario pensar en las alternativas, planificar con tiempo e implementar para el largo plazo. De lo contrario, cada vez debemos ocupar tiempo y esfuerzo en «paliativos» que están lejos de proteger cualquier recurso.