Opinion | 28 Ago Es llamativo, por decir lo menos, que mientras los productores granjeros se quejan de la escasa rentabilidad de sus explotaciones, al punto que están desapareciendo familias de productores, el consumidor, en el otro extremo de la cadena, afronta precios que desbordan sus posibilidades y debe medir al extremo sus compras.
Y ello ocurre nada menos que en un país como el Uruguay, dotado de ventajas comparativas para producir en suelos en su gran mayoría aptos para las explotaciones agropecuarias, y cuando ejerce el gobierno una colectividad política que ha centrado su campaña en promover el país productivo.
Esta coincidencia de incongruencias da la pauta de que algo anda mal para que se de este escenario en el que nadie se favorece, por lo menos de los sectores de la cadena que realmente interesan, es decir el destinatario final de los esfuerzos del productor y el que pone tiempo, dinero y trabajo en la actividad de riesgo.
Todo indica que si el productor percibe magros ingresos por su esfuerzo, y a la vez el consumidor considera que los precios que paga son desmedidos, existe una intermediación que de una u otra forma se queda con la parte del león en el proceso que va desde la granja a la mesa familiar. Ocurre que estamos ante productos perecederos y estacionales, que responden a un ciclo biológico inevitable, en el que la única posibilidad de nivelar y regular la oferta es mediante el uso de cámaras, acopios y producciones de variedades fuera de estación, para extender el equilibrio entre oferta y demanda más allá de los empujes estacionales.
Por supuesto, no es solo un problema de Uruguay, pero sí es notorio que el desfasaje entre lo que percibe el productor y el producto en la góndola es mucho mayor en nuestro país, duplicando y triplicando, por lo menos, como regla general, lo que percibe el granjero.
Las gremiales granjeras, enfrentadas ahora a la importación de productos para nivelar los precios internos, liberados del pago de IVA, consideran que se han lesionado sus intereses, y no les falta razón. Señalan que la de-saparición de pequeños productores familiares, la concentración de la producción y de la distribución de productos hortícolas y frutícolas y la especulación, son las grandes razones que explican la merma productiva en algunos rubros de la hortifruticultura.
Según declaró a El Observador Fernando López, secretario general de la Comisión de Fomento Rural (CNFR), «el gobierno adoptó decisiones que solucionan la emergencia, pero no son una solución de fondo, que es lo que el país realmente necesita».
Claro que podría explicarse la importación en áreas en las que el país no puede autoabastecerse, pero este no es el caso de los productos hortifrutícolas, teniendo en cuenta que abundan tierras y productores que conocen a fondo el tema, además de gran experiencia en cultura de producción, tanto en el anillo de Montevideo como en otras zonas aptas para esta explotación, caso del departamento de Salto y buena parte de Paysandú y Río Negro, entre otras. El directivo también señaló que el gobierno, que ha mostrado con insistencia su interés en fomentar un país productivo, «se contradice, porque en los países desarrollados estimulan el autoabastecimiento, pero acá damos permisos para importar productos en un país de base agrícola que se jacta de su potencial de producción de alimentos».
También subrayó la «abismal diferencia» entre los precios que paga el consumidor y lo que realmente recibe el productor a consecuencia «de los grandes márgenes de intermediación en la cadena». No puede obviarse, además, que los productores afrontan un sensible incremento en los costos de producción como consecuencia del alza de precios en insumos como agroquímicos, fertilizantes, mano de obra, combustibles y fletes.
Y si la intermediación se lleva la tajada mayor es porque algo falla en el esquema de distribución hasta el consumidor, para lo que se necesitan respuestas que atemperen el impacto en el ciudadano común y a la vez permitan que el granjero obtenga un mayor porcentaje del precio final.
Hasta ahora no se han tenido condignas respuestas para un viejo problema, cuyas consecuencias han sido la emigración familiar desde establecimientos hortifrutícolas, una menor oferta de frutas y verduras y el encarecimiento en la mesa familiar.
Corresponde que los organismos del Estado se ocupen de la problemática, no para una intervención directa o control de precios inconducente, sino para asesorar a los productores en materia logística, promover esquemas asociativos que permitan llegar directamente a las ferias y comercio minorista, tecnificación, estímulos tributarios, asistencia técnica, créditos preferenciales e inserción de la producción familiar en las cadenas de agregado de valor, por lo menos para intentar un principio de reversión de este escenario.