Paysandú, Miércoles 03 de Septiembre de 2008
Opinion | 28 Ago Una de cada dos micro y pequeñas empresas uruguayas en funcionamiento lo hacen en la informalidad, según una estimación del Instituto de Promoción Económica-Social del Uruguay, que cuantificó en 100.000 las que trabajan con registros regulares y otras tantas que lo hacen en negro. El dato no es menor, puesto que el conjunto de microempresas que tiene un país es factor de progreso, ya que éstas en su conjunto impulsan la economía al consumir materias primas elaboradas como insumos para sus productos. La microempresa en general es productora de bienes de consumo para el país así como de bienes intermedios para las industrias, considerándosela como un gran generador de empleo, ya que brinda oportunidad para que la mano de obra desplazada y los nuevos trabajadores que ingresan al mercado se empleen.
En nuestro país el Banco República definió micro y pequeña empresa a toda aquella que emplea menos de 17 personas y factura ventas anuales inferiores a los 180.000 dólares.
Ahora bien, los problemas de liquidez de las Mipymes, como también se las conoce, son frecuentes y se trata de una carencia ampliamente detectada que el banco procura paliar a través de un sistema de financiamiento relativamente blando, por estar destinado a la producción. Para acceder a él las empresas deben estar registradas ante el BPS y la DGI.
Y este es un cuello de botella para la mitad de las micro y pequeñas empresas existentes, las cuales se encuentran en el informalismo.
El problema es más grave aún si consideramos que las micro-empresas son las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo en el país: si la mitad de ellas no están registradas, sus empleados y propietarios trabajan en negro y eso significa que están excluidos de los beneficios que brinda la seguridad social y el sistema de salud.
En un país en que los números macroeconómicos indican crecimiento, esto no debería estar ocurriendo. Se impone entonces que el Estado tome cartas en el asunto, realice los controles que correspondan y brinde a los micro-empresarios informales la posibi- lidad de regularizar su situación.
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