Opinion | 29 Ago El anuncio del ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Daniel Martínez, respecto a la inminencia del levantamiento de las restricciones en el consumo de energía eléctrica indica que parece haberse superado el período crítico de generación hidráulica en los embalses, y que por lo menos mientras tengan buen caudal los ríos Negro y Uruguay estaremos más o menos a cubierto de avatares.
Pero, por supuesto, la mejora equivale a un enfermo salido del CTI y que pasa a cuidados intermedios hasta la próxima crisis, porque el Uruguay ya padece un problema estructural en el abastecimiento de electricidad, cuya demanda ha subido por encima de la incorporación de generación y la tendencia se mantiene invariable.
Por añadidura, la electricidad que se ha incorporado proviene de nuevas centrales termoeléctricas que utilizan derivados del petróleo, debido a las urgencias para atender la mayor demanda y la salida de producción de las turbinas por falta de agua, y sigue como materia pendiente la instalación de centrales impulsadas por energías renovables, como la biomasa y el viento, sin dejar de tener en cuenta la energía nuclear, en la óptica de algunos integrantes del gobierno.
Martínez adelantó, al evaluar la situación actual en los embalses, que de mantenerse los índices actuales de lluvias y las consecuentes mejoras en las represas, podrían levantarse en unos diez días las restricciones al consumo eléctrico, dispuestas por el gobierno en abril.
Igualmente, el levantamiento de las restricciones sería gradual, en forma inversa a como se establecieron, es decir primero para el sector privado y luego para el sector estatal, en tanto el ministro de Industria declaró que más allá de que se levante el plan de ahorro «hay que hacer un uso racional de la energía, con lámparas de bajo consumo, no malgastando, al dejar cosas prendidas, entre otras».
El consejo del ministro daría hasta para la risa, si no fuera que lo está diciendo en serio y por lo tanto suena como una burla para decenas de miles de hogares en todo el país en los que la factura de UTE es un azote que a fin de mes acentúa la debilidad de sus maltrechas economías, por efecto de la suba de los alimentos y otros gastos que se han incrementado sustancialmente en los últimos meses para los hogares de menores recursos. Los integrantes del gobierno deberían por lo menos saber que con o sin restricciones, en el sector privado, incluyendo a hogares y empresas, hace rato que se están haciendo malabares en procura de abatir el consumo, ante el exorbitante precio de las tarifas del organismo, que si bien en el contexto internacional pueden no ser exageradas, sí lo son cuando lo medimos en términos del ingreso promedio de las familias uruguayas, que también han debido soportar recientemente un nuevo reajuste por el mayor gasto del organismo, que tuvo que utilizar energía térmica y comprar electricidad en los países vecinos a mayor precio que la que se genera dentro de fronteras.
Son los mismos usuarios que esperan que al superarse el problema de falta de caudal en las represas, se deje sin efecto la suba dispuesta por el organismo para atender los mayores costos por este concepto, y que el ente monopólico mejore su eficiencia para dejar de imponer sobrecostos a los consumidores.
En cambio, es positivo que UTE anuncie la inminente entrega de las lámparas de bajo consumo a los usuarios, aunque lamentablemente este recambio se haga efectivo justo cuando la crisis ya está en vías de superación. Este mes se concretará la entrega de las lámparas, por un total de 2.300.000 focos de 15 vatios, mediante un cupón que deberá ser presentado junto con la factura y la cédula de identidad.
La demora inherente a los procesos de compras en el Estado, que involucra en este caso el llamado a licitación, explica el desfasaje entre la urgencia y la forma en que se ha atendido esta necesidad de abatir el consumo.
No sería mala idea, teniendo en cuenta como viene la mano, ir previendo una forma de incentivar el ahorro, exonerando de impuestos a las lámparas «eficientes». Si logramos mitigar la diferencia de precios entre las viejas luminarias de tungsteno y estas últimas, los propios usuarios se encargarán de sustituirlas, sin necesidad de gastos exorbitantes para el Estado.
Pero sobre todo, instrumentar políticas para la generación eléctrica en potencias significativas mediante energías renovables, con estímulos a privados para invertir en estas plantas, en vez de imponerles topes y exigencias que al fin de cuentas terminan por disuadir al más pintado, como ocurrió en anterior licitación.