Nacionales | 30 Ago
El «reconstructor»
El hombre no la tiene para nada fácil, pero igualmente demostró que entusiasmo le sobra y que ofrecerá dura batalla en las próximas elecciones. Nos referimos al precandidato colorado a la presidencia, José Amorín Batlle, quien —según informó «El País»— inauguró días atrás la sede central del Batllismo Siglo XXI. «Tenemos la gran tarea de la reconstrucción del partido y del país», dijo el precandidato ante los entusiasmados asistentes.
Varias figuras políticas lo acompañaron en su gran noche: los senadores Isaac Alfie y Juan Justo Amaro, el diputado Daniel García Pintos, la edila Glenda Roldán, el ex secretario de Presidencia Carlos Ramela y el ex intendente de Salto, Eduardo Malaquina, entre otros.
Encargado de abrir la parte oratoria, el ex jefe comunal salteño calificó a los frenteamplistas como «gente que no sabe gobernar», al tiempo que exhortó a Amorín Batlle a «reconquistar la ideología» del electorado.
Por su parte, el precandidato manifestó su optimismo respecto a que crecerá la intención de voto de los colorados y ratificó que no buscará alianzas con otros sectores. Dijo que después de las elecciones habrá que «pelear por un país que hoy se va de las manos» y responsabilizó al gobierno del crecimiento de la inseguridad, de la ola de emigración y de un manejo deficiente de las relaciones exteriores.
«¿Quién es el canciller? ¿Gonzalo Fernández o el senador Mujica? ¿Quién se va a Venezuela a visitar a su amigo Chávez?», preguntó Amorín.
«Partida de defunción»
El líder de Unidad Nacional, Luis Alberto Lacalle, ratificó su intención de derogar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) si logra acceder a la Presidencia en las próximas elecciones. En lo que puede considerarse un duro mensaje a la administración frenteamplista, el ex mandatario insistió en que hay que «firmarle la partida de defunción» al impuesto.
Según el mismo matutino, la UNA presentó oficialmente el equipo del instituto Manuel Oribe (Herrerismo) y de Correntada Wilsonista que se abocará a la elaboración del programa de gobierno, oportunidad en la que insistió en la necesidad de derogar el impuesto.
El senador Francisco Gallinal aseguró que el IRPF será eliminado en los primeros diez meses de gobierno y en marzo de 2010 «ningún jubilado va a pagar ni un peso» de impuestos.
«Cuando estemos en campaña electoral, quien sea el candidato a la Presidencia en nombre del Frente Amplio, va a terminar hablando de la derogación parcial o total del IRPF», advirtió Gallinal, y auguró que el gobierno terminará «reconociendo el error garrafal que cometió al aprobar un impuesto sobre los salarios y jubilaciones de estas características».
Lacalle arremetió diciendo que el IRPF «ya está difunto» y «nadie lo quiere vivo».
«Lo que hay que firmar es la partida de defunción», afirmó.
A favor, pero en contra
El titular de Defensa Nacional, José Bayardi, se transformó en las últimas horas en el primer ministro en apoyar públicamente la iniciativa de derogar la Ley de Caducidad. No obstante, conocedor de la posición contraria del Poder Ejecutivo, el secretario de Estado aclaró que no militará a favor de la derogación.
«Si yo no estuviera en el Poder Ejecutivo mi posición es que estoy de acuerdo en que la ley hay que derogarla y sacarla de nuestro sistema institucional. No creo que haya mecanismos que permitan anular la ley en nuestro sistema jurídico institucional», aclaró Bayardi a «El Observador», tras participar en una mesa redonda en el Comando del Ejército.
El secretario de Estado ratificó empero su compromiso de mantener una postura orgánica.
«La fuerza política del Frente Amplio ha definido una posición en su Plenario Nacional. Yo soy miembro del Poder Ejecutivo y en tanto y en cuanto miembro del Poder Ejecutivo, voy a seguir defendiendo los criterios que el Poder Ejecutivo ha mantenido, que es el de mantener la ley de Caducidad durante este período de gobierno», concluyó Bayardi.
«Revanchismo» oficial
La oposición arremetió una vez más contra el gobierno acusándolo de «revanchismo» contra la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía y la Corte Electoral. Varios legisladores entienden que el Ejecutivo retacea recursos a estas instituciones como venganza por asumir posiciones contrarias a los intereses del gobierno.
El senador Carlos Moreira (Alianza Nacional), percibe una «represalia política para afectar a los organismos con opiniones contrarias al gobierno».
«Hay una manga muy ancha para crear otros cargos y es mucha casualidad que falten recursos solo para los opositores», dijo el legislador a «Últimas Noticias».
Mientras tanto, el herrerista Luis Alberto Heber acusó al gobierno de tomar de «rehén» a la Corte.