Opinion | 01 Sep Las marchas, contramarchas y «revelaciones» sobre el espinoso tema de los gastos de representación de la Junta Departamental de Paysandú fueron motivo de discusión en el deliberativo departamental, que se transmitió a la interna de los partidos políticos y por proyección, a buena parte de la población. Esta, de una u otra forma tiene la sensación de que hubo maniobras que involucraron dinero de todos los ciudadanos, que con sus tributos contribuyen a sostener el funcionamiento del gobierno departamental.
Finalmente, el episodio, que dio lugar a la renuncia de ediles de gobierno, señalados en su interna como responsables de haber incurrido en gastos fuera de lugar, y hasta maniobras con recibos para ocultar el verdadero destino de los fondos, se zanjó en la sesión del viernes 22 de agosto en una sesión en la que se aprobó un informe presentado por la minoría, al proponer la mayoría legislativa tres informes de distinto tenor.
En esencia, el plenario de la Junta Departamental concluyó que hubo «abusos» o «excesos», pero «no irregularidades», aunque sí gastos excesivos —considerados individualmente— ajenos a la norma que habilita el reintegro de gastos, aunque en el conjunto no se superó el cincuenta por ciento de lo asignado por la resolución 142/06.
Es decir que hubo maniobras para desviar a fines específicos los $5.700 mensuales estipulados por la norma para estos gastos, en una actuación fuera de la ética que debe presidir la función.
Finalmente, se resolvió en los hechos la derogación de la norma hasta tanto se estudie y apruebe un reglamento más preciso sobre el uso de la mensualidad, para evitar los «desvíos» que llevaron a esta controversia.
Por supuesto, lo que aconteció en Paysandú aparece como un asunto muy menor frente a situaciones que se dieron por ejemplo en la Junta Departamental de Rivera, donde hubo procesamientos como consecuencia de maniobras que involucraron a ediles por gastos fuera de lugar, y también están en tela de juicio problemas similares en otras juntas donde se han dado por lo menos casos de abusos o mal uso del dinero instituido específicamente como viático o de representación.
Ocurre que mediante la incorporación de estos gastos se ha tratado de soslayar el quid del asunto, que radica en que a esta altura quedan pocas personas que estén en condiciones de trabajar sin ser remunerados, y este es precisamente el dilema que se presenta a los ediles.
Los que se vieron involucrados en estos desvíos de gastos tal vez en su momento —queremos suponer— cayeron en la ingenuidad de creer que es posible dedicar muchas horas diarias o semanales a cumplir una tarea que insume gastos, tiempo, dedicación y problemas adicionales a los que se presentan a cada uno en el ámbito familiar y laboral, sin percibir ninguna remuneración.
Lo cierto es que cuando se presentaron para cargos electivos, sabían las reglas de juego a que están sujetos para esta labor, y a nadie se obligó a presentarse. Cuando se encontraron con que las cosas eran más complicadas —y costosas— que lo que habían creído o imaginado, en algunos casos cedieron a la humana tentación de tratar de «compensarlo» más allá de lo permitido.
Obraron mal, y por ello han quedado expuestos y sometidos al juicio popular adverso, lo que explica la decisión de publicar los gastos en que han incurrido, aunque sin dar nombres. Una solución que apunta a presentar una transparencia con la que no se actuó, evidentemente, y a recuperar una credibilidad que se ha deteriorado, sobre todo en el caso del partido de gobierno, que basó su campaña electoral sobre esta premisa.
Pero también debe tenerse presente que el edil debe dedicar muchas horas a su tarea para cumplirla con eficacia, y que si no se percibe remuneración por hacerlo se corre el riesgo de que finalmente la función pase a ser desempeñada por personas que no tienen ante sí el desafío de sostenerse con prolongadas jornadas laborales y luego encimar esfuerzos en una tarea honoraria.
Este aspecto debería ser evaluado desapasionadamente, y considerar que el edil debería ser remunerado —para lo que se necesita una reforma constitucional— con un salario que por lo menos cubra sus sobresaltos, con lo que se evitarían las distorsiones que nos ocupan y la incongruencia de que finalmente terminen accediendo a este cargo solo quienes tienen solucionada su parte económica, aunque no necesariamente sean los más capacitados para hacerlo.