Opinion | 04 Sep «El mundo no espera a que nosotros resolvamos temas que se quedan en la discusión mientras los demás van a una velocidad extraordinaria. Nosotros recién ahora estamos pensando en la energía nuclear cuando hace años se debió trabajar en el tema y me da pena que se haya perdido ese tiempo», afirmó el presidente Tabaré Vázquez a un periodista durante su gira por el exterior.
La frase revela no solo la posición del mandatario al respecto sino que se suma a una serie de referencias realizadas durante la gira y que dan la pauta de la existencia de una definición del gobierno en cuanto a este tema: se impulsará la instalación de un reactor nuclear en Uruguay.
Esta es la primera vez que un gobierno tira el tema a la agenda pública. Incluso Vázquez anunció que a su regreso hablará con los líderes políticos, buscando un acuerdo para impulsarlo.
La llegada de la energía atómica no será de un día para otro puesto que una vez que un país hace la opción, en general se demora unos 15 años en poner en funcionamiento una central nuclear. De todas formas, es un tema sumamente polémico que exigirá no solo acuerdos políticos sino hasta el consenso social.
Si hoy hay sectores que se oponen a la industria de celulosa es claro que también se opondrán a la generación nuclear. De todas formas, es algo que los países vecinos, tanto argentina como Brasil, están utilizando desde hace mucho tiempo, aunque eso no es suficiente como elemento de decisión. Por otra parte, Uruguay cuenta hoy con una ley que prohíbe la utilización de la energía nuclear, que tendría que ser derogado en el Parlamento.
La energía es cada vez más un sector estratégico en el mundo, un bien escaso que necesitan los países para desarrollarse y satisfacer las necesidades básicas de su población.
En nuestra región, las crisis energéticas no son un fenómeno pasajero, sino que han llegado para quedarse. El problema es digno de consideración y las posibles soluciones pasan por la diversificación de las fuentes de generación, lo que incluye tanto a las energías alternativas como la nuclear.
El punto es que definiciones como la que impulsará el gobierno requieren de la existencia de consensos políticos y sociales, así como de la ausencia de improvisación y la adopción de recaudos suficientes para generar en el país el conocimiento científico que requiere una decisión de este tipo. Cosas que parecen insoslayables y que habrá que ver cómo se tramitan de aquí en adelante.