Opinion | 06 Sep El pronunciamiento favorable de la asamblea nacional de AEBU a la propuesta formulada por el Poder Ejecutivo para viabilizar el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones Bancarias permite zanjar una larga discusión, que se viene dando desde hace mucho tiempo, pero en la que subsistían posiciones encontradas.
En este caso, la caja enfrentaba la perspectiva de una fuerte descapitalización por efectos de la pérdida de aportantes, con el extremo de que actualmente son más los pasivos que los que contribuyen al fondo, por lo que en el corto plazo esta administradora se presentaba inviable y dejaría de prestar su cometido. La gran mayoría de la asamblea refrendó la propuesta, que contempla buena parte de las aspiraciones de los funcionarios, sobre todo en lo que refiere a la integración de trabajadores de las entidades financieras y mejoró la propuesta original sobre cambios en las condiciones de retiro de los trabajadores.
Se ha llegado a una salida con costos compartidos entre la patronal de los bancos, los pasivos y el Estado, lo que significa que cada uno de los uruguayos aportará también de su bolsillo para dar viabilidad al retiro decoroso de los bancarios.
Ello implica una cuota parte de sacrificio adicional para decenas de miles de trabajadores que seguramente en su retiro no gozarán ni por asomo de los beneficios y prestaciones que percibirán los bancarios en su régimen. No es nada que no se haya hecho antes, pero revela una vez más que cuando se habla de solidaridades, lo que se pide en realidad es que alguien renuncie a algo en beneficio de otro. Y no siempre por una causa justa.
Y generalmente los que obtienen las solidariddaes no son los que más lo necesitan, sino quienes tienen la posibilidad de ejercer más presión sobre quienes tienen el poder de decisión.
Y ante un grave problema en ciernes, se ha optado por el mal menor, como suele hacerse en el reino de la improvisación que es el Uruguay.