Opinion | 03 Sep Los elevados precios de los commodities, que benefician la economía de países como Uruguay, altamente dependiente de su base agropecuaria, tienen a la vez una contrapartida indeseada en la interna de las naciones productoras: el alza de los alimentos, por lo general derivados de las materias primas que exportan, y que trasladan hacia adentro los valores de exportación.
Es que precisamente los «efectos colaterales», en una economía interrelacionada y el mundo globalizado no se pueden evitar, aunque sí eventualmente minimizar a partir de medidas puntuales en cada país, pero siempre asumiendo que no hay realidades que se puedan eludir, y que si algo se subsidia para ponerlo a menor precio es porque alguien hace un aporte adicional para pagar la diferencia.
Y en igual situación que Uruguay se encuentran otros países de la región, al punto que jerarcas de agricultura del Cono Sur, reunidos en Chile, intercambiaron recientemente puntos de vista con la expectativa de poder minimizar el impacto, que implica a la vez costos políticos para los gobiernos de turno.
Los ministros de Agricultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, integrantes del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), se reunieron hasta el viernes en Concón, Valparaíso, donde evaluaron el escenario mundial de los alimentos y productos primarios, y sobre todo del impacto que representa para los países de la región.
Consideran los ministros, según expresaron en una declaración al término de este foro, que a fin de corregir las amenazas y aprovechar las oportunidades, «las políticas públicas de apoyo a la expansión de la producción de alimentos deberán atender estas áreas: investigación y extensión, seguro rural y regionalización, agroclimática, agroenergía, sanidad animal y vegetal, inocuidad de los alimentos, crédito rural de inversiones, infraestructura de transporte y de almacenaje, recomposición y expansión de las existencias de productos agrícolas».
Consideraron asimismo en este documento que los países del CAS, además de ser autosuficientes en la producción de alimentos son importantes exportadores y que la región es de las pocas del planeta en condiciones de aumentar rápidamente la producción de alimentos, de forma de atender la creciente demanda mundial.
También reconocieron que las alzas de los precios de los alimentos afectan el bienestar en sectores más vulnerables de las sociedades, lo que refuerza la necesidad de redistribuir el ingreso garantizando el acceso a los alimentos. Paralelamente se debe incrementar y diversificar la oferta alimentaria, pero a la vez aclararon que las medidas que hagan efectiva esa redistribución y acceso son de exclusiva incumbencia de los gobiernos nacionales.
Este es precisamente el punto que involucra a las políticas internas de cada país: la forma en que cada gobierno entiende es la más adecuada para mitigar el impacto de los costos exacerbados de los alimentos en los estratos sociales más vulnerables, que son los que sufren el mayor peso de este rubro en la economía familiar.
Seguramente el ejemplo más emblemático de lo que no se debe hacer lo representa Argentina, que ya desde antes del «boom» de los commodities, ha instaurado un complejo y controvertido esquema de subsidios cruzados que incluyen la energía y los alimentos, pero que arrastran a todo el tejido de la economía, al ser determinante en los costos de producción y el reacomodamiento de precios internos por debajo de los valores internacionales.
Este esquema prendido con alfileres, pese a la enorme riqueza del vecino país, no es sustentable, por encima de la evolución que tengan los precios de los alimentos, desde que no puede pasar mucho tiempo antes de que deba sincerar su economía.
El Uruguay no está en la misma encrucijada, desde que tiene una economía más transparente, aunque sí con incongruencias y la espada de Damocles de una presión impositiva que aplica un Estado desmedido para las posibilidades contributivas de los sectores reales de la economía. Por supuesto, la inflación ha estado muy por encima de los dos dígitos para los sectores de menores recursos, debido a la incidencia del alza de los alimentos, pero lo peor que se podía haber hecho —felizmente no se concretó— era incorporar subsidios masivos, a costo del erario, y profundizar voluntarismos que traen más problema que los que se pretende disimular.
En cambio, se han aplicado cataplasmas «reteniendo» por un tiempo tarifas públicas y otros costos que aplica el Estado, a la espera de que pase el temporal. Pero este intento es desvirtuado por el aumento del gasto público en la Rendición de Cuentas, que se instala como una bomba de tiempo, que solo puede ser detenida algún lapso si se mantiene la «burbuja» de los commodities. Es decir, viviendo solo el momento, hasta la próxima crisis.