Opinion | 05 Sep En las últimas semanas algunas ventajas comparativas que dio el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) determinaron que las viviendas de Dr. Roldán y Purificación y las del I-48 en Larrañaga y Dr. Verocay fueran adquiridas en su totalidad. Facilidades para el pago de la entrega y la aplicación de una tasa de interés razonable fueron determinantes para que muchas familias que esperaban la oportunidad y tenían la necesidad pudieran acceder a su vivienda.
El derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución, por lo tanto resultaba por demás absurdo que existieran y permanecieran desocupadas durante años viviendas construidas con dineros públicos, sin ser adjudicadas.
En ese mismo sentido también es absurdo que continúe pendiente de entrega el complejo habitacional «El Mirasol», ubicado frente a plaza Bella Vista, en Ayacucho entre Zorrilla de San Martín y Montecaseros. En este caso el proyecto de construcción data de 1996, las obras comenzaron en setiembre de 2000 y ya en 2001 se firmaron los primeros boletos de reserva, por lo que hay varias unidades adjudicadas, sus promitentes compradores pagaron la seña correspondiente y esperan desde hace tiempo la entrega de su vivienda. Se trata de 47 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios que ahora aparentemente serán reclamados por la vía legal por el BHU, ya que si bien se vencieron todos los plazos, la empresa aún no entregó formalmente el edificio y el organismo no puede disponer de él.
Es fundamental pasar a la acción y comenzar a sanear situaciones que —llámense administrativas o burocráticas— mantienen de rehenes a familias que tienen la necesidad y el interés de lograr una vivienda adecuada. Empero, la voluntad ejecutiva de adjudicar las viviendas con facilidades para el pago de los valores correspondientes deberá complementarse con controles en el cumplimiento de las obligaciones de los compradores, ya que la lista de los que aún esperan su oportunidad es extensa. La celeridad de las actuaciones permitirá que no se eternicen situaciones irregulares con viviendas ocupadas por personas a las que no les corresponde.