Opinion | 05 Sep Tras un prudente período de espera, a efectos de tener un panorama más o menos estable de la tendencia, Ancap resolvió instrumentar una rebaja promedial del orden del cinco por ciento en el valor de los combustibles, lo que es una noticia positiva en un contexto internacional que se presenta desfavorable desde hace ya un largo período, en contrapartida a la repercusión positiva del alza en los «commodities» que son abanderados de nuestras exportaciones.
El precio de referencia anterior adoptado por el organismo para sus compras en el mercado internacional era de 122 dólares el barril, y al caer la cotización gradualmente hasta llegar a los 109 dólares en los últimos días, se ha originado una diferencia que justifica la medida adoptada.
Por supuesto, es bienvenido todo lo que signifique un alivio a los bolsillos de los consumidores, sobre todo en el caso de sectores productivos que utilizan como insumo el gasoil y cuyos costos se vieron incrementados significativamente como consecuencia de los valores internacionales y de los ajustes internos de Ancap, que fue equiparando los precios de las naftas y el gasoil mediante modificaciones al esquema tributivo y decisiones políticas.
Claro, cuando se tiene el monopolio en la venta de combustibles, se pueden instrumentar políticas de subsidios cruzados, como era hasta hace poco la relación de precios entre el gasoil y las naftas, y también disimular ineficiencias y medidas arbitrarias en perjuicio de los consumidores.
En régimen de competencia, Ancap debía haber ajustado hace rato sus costos, reducir su burocracia y buscar la eficiencia para subsistir frente a competidores privados. Pero como tiene al consumidor cautivo, el que no tiene forma de evadir que se le apliquen las tarifas y condiciones que impone el monopolio, se dan estas posibilidades de manejar precios a su antojo.
Pero, aún en este contexto específico en el que el consumidor depende de una sola oferta, es positivo que el organismo no traslade solo las verdes a la población, y deje caer alguna madura como para demostrar que por lo menos la cosa no va en un solo sentido.
En anteriores administraciones, en Ancap se argumentaba que era preferible no bajar los combustibles cuando se registraban estas rebajas en la cotización internacional, indicando que al mantener el precio se generaba un «colchón» de recursos que permitía atemperar los incrementos cuando los precios internacionales tendían a la suba. Lo que no es tampoco una política a cuestionar, si no fuera porque lamentablemente este sistema solía funcionar en un solo sentido, y lo que en los hechos se hacía era seguir manejando el ente como agente recaudador de impuestos, para por esta vía expeditiva obtener recursos que permitieran aliviar las necesidades fiscales. Es justo reconocer que en los últimos tiempos del gobierno del Dr. Jorge Batlle, hubo algún tímido intento de ajustar los precios a la baja acompasando las variaciones del crudo.
Pero en esencia esta vía de recaudación no ha cambiado, por cierto, y la explicación de que se haya modificado la aplicación de impuestos se justifica en el intento de aproximar los valores entre las naftas y el gasoil, ante el gran desfasaje en el consumo en favor de este último, generado por los subsidios cruzados.
Pero Ancap sigue funcionando como el organismo monopólico de siempre, dueño y señor del área de los combustibles, sin ningún elemento testigo que ponga de relieve cual es realmente su grado de eficiencia, como ocurre por ejemplo en el área del cemento portland, donde las pérdidas acumuladas en ocho años superan los 35 millones de dólares, y todo indica que se agravará este año, a partir del incremento en el precio del gas natural que alimenta los hornos.
En suma, mientras por un lado se actúa con sentido común, al trasladarse lo antes posible al consumidor el beneficio de la baja internacional del crudo, por otro se castiga a toda la población al hacerla cargo compulsivamente de estas pérdidas, porque al no tener el monopolio la competidora privada vende a precios por debajo del costo de Ancap.
Por supuesto, ese déficit no surgió en esta administración, que a la vez ha asumido el desafío de invertir 140 millones de dólares para reconvertir a las fábricas de Nuevo Paysandú y Minas a efectos de modernizarlas, con la promesa que quizás para 2015, empezará a dejar de perder plata.
Claro que al hacerlo dentro del Estado, no enfrenta la disyuntiva de cambiar o fundirse, como ocurre a los operadores privados, y por lo tanto la «reconversión» debe relativizarse a lo que es la inefidiencia del Estado, con más personal por unidad productiva, mejor pagos que los privados, inamovibles, con más beneficios y una gestión más pesada y deficiente.
Pero naturalmente, peor aún es la aventura de Alur en Bella Unión, al utilizar un cultivo tropical para producir azúcar y en una etapa siguiente alcohol, en el marco de una inversión multimillonaria en dólares de la que no se conoce tasa de retorno ni plan de negocios, por efectos de un esquema voluntarista que se hace a riesgo y costo de todos los uruguayos.