Escribe el doctor Rodolfo Canabal

Locales | 09 Sep El planteamiento público que el Jefe de Policía de Canelones ha formulado al Comisionado Parlamentario en materia carcelaria, es asunto que merece ser analizado en esta columna.
Es sabido que en nuestro país los problemas carcelarios tienen verdadera trascendencia y que ello no es de hoy; tal como se ha señalado en anteriores comentarios, hace alrededor de un siglo ya era preocupación de los especialistas, al punto de que el profesor Dr. José Irureta Goyena-posteriormente redactor del Código Penal en vigor desde 1934-, reseñó sus problemas de entonces en la Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administraciónen términos comparables a los que emiten quienes se refieren a la realidad de nuestros días.
Tal realidad presente determinó que se resolviera, por acuerdo del sistema político nacional, la creación del cargo de Comisionado Parlamentario de cárceles, para que los legisladores pudieran disponer, en materia tan importante y a la vez delicada, con absoluta independencia técnica, administrativa y política, información directa sobre el funcionamiento de los respectivos establecimientos. El cargo fue provisto por concurso, previo llamado abierto, y la designación de su titular contó con el acuerdo unánime de los integrantes de todas las bancadas.
La gestión del titular del cargo dio lugar en fecha reciente, con relación al establecimiento carcelario de Canelones, a observaciones tan importantes que motivaron que el Ministerio del Interior promoviera el cese de quien ejercía su dirección, y se descontaba que también se habrían de disponer las correcciones pertinentes.
Pero lo que seguramente nadie sensatamente habría de pensar como verosímil es que el titular de la correspondiente Jefatura habría de salir públicamente a descalificar, dura y gravemente, al Comisionado, con clara apariencia de pretender por tal vía contrarrestar lo expresado por el mismo en su función de control del establecimiento carcelario respectivo.
Tal actitud es muy grave. Primeramente porque, sin perjuicio de su derecho a exponer su punto de vista a su superior por la vía administrativa correspondiente y estar a lo que al respecto se disponga, es totalmente indebido hacerlo públicamente y también, en lugar de exponer razones basadas en hechos concretos, hacerlo por la vía de descalificaciones y en esencia insultos, lo cual, además, importa desconocer las competencias para el control del Parlamento y de quien en su nombre lo ejerce. También importa total desconocimiento del orden jerárquico.
Sin perjuicio de que ha trascendido que la mayoría de los legisladores, al margen de partidos políticos, adelantaron opiniones sobre la corrección de la conducta del Comisionado en función de sus recientes explicaciones ante ellos, es de toda evidencia que el Ministerio del Interior debe observar, enérgica y severamente, lo que cabe calificar como inconducta del Jefe de Policía de Canelones.
El episodio trae al primer plano la duda, oportunamente expuesta en esta columna, acerca de si es conveniente que los cargos de jefes de Policía sean predominantemente desempeñados por quienes integran, o han integrado, la carrera policial. El tema merece ser nuevamente analizado en próxima oportunidad.