Paysandú, Sábado 13 de Septiembre de 2008
Rurales | 07 Sep En la última sesión de la Junta Departamental el edil nacionalista Carlos Oyanarte volvió a referirse a la brucelosis, señalando por qué el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca —del cual es técnico— no recomienda la vacunación generalizada de los rodeos de cría.
Recordó que «la brucelosis, conocida tambien como ‘enfermedad de Bang’, ocasiona el aborto contagioso de la especie bovina y en otras, como en el ser humano, una fuerte fiebre ondulante. Fue erradicada en los Estados Unidos a fines de la década de 1960-70. Uruguay comienza la vacunación en esa década con la vacuna Cepa 19, con gran éxito y la mantiene durante treinta años aproximadamente. Es retirada en el gobierno del presidente Luis Alberto Lacalle, siendo ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca el técnico agropecuario Enrique Gasparri, en el año 1994, si mal no recuerdo».
Añadió que «luego de un tiempo y habiéndose constatado el creciente aumento de abortos en diferentes rodeos de cría del país, se emiten diferentes decretos y resoluciones en relación al Programa Sanitario de la Brucelosis Bovina en el territorio nacional, por parte de la Dirección General de los Servicios Ganaderos del MGAP». El curul dijo tener en cuenta los reclamos de diferentes gremiales de productores para que se vacune ante el fuerte incremento de focos de brucelosis en diferentes lugares del país: «Es de público conocimiento que la Dirección de los Servicios Ganaderos, basándose en la baja prevalencia de la enfermedad de la cual se determina el resultado de los análisis estadísticos realizados, de los muestreos en frigoríficos y de los sangrados hechos en estos sesenta días, a partir de la medida en la cual se instrumentan los sangrados de las hembras mayores de un año y de reproductores de igual edad, ante un movimiento y posterior venta, no recomienda la vacunación generalizada de los rodeos de cría».
Se crea incertidumbre
Luego detalló que «crea incertidumbre (la enfermedad) en los productores criadores y de ciclo completo, debido a que éstos venden sus vacas gordas a frigoríficos luego de haber finalizado su ciclo y sus terneras son reemplazos, eludiendo así el sangrado en la venta. Transcurren siete u ocho años, ocasionando un fuerte perjuicio a la rentabilidad de los productores y a la economía del país, ya que desconocen la situación real de sus rodeos. A tal efecto, creemos necesario —agregó— instrumentar el sangrado obligatorio de todos los rodeos de cría mayores a los 200 vientres, por veterinarios acreditados. En caso de producciones de menos de esa cantidad lo hará el servicio ganadero local, exceptuando de todo costo al productor. De esta manera agilizaremos la eliminación de las reses positivas y acortaremos los plazos en la erradicación de la enfermedad, que se ha convertido en un flagelo de la producción nacional».
Entiende también que «deberán ser considerados a la brevedad los aranceles de subsidio de las reses positivas que son enviadas a la faena obligatoria, ya que no han tenido incremento desde el 2003, donde se establecía 60 dólares por reses de carne y 250 dólares por las lecheras (hoy precios irrisorios)».
Medida exagerada
Oyanarte recordó que «hace algunas semanas productores en los focos debieron esperar 15 días para vacunar sus reses porque no encontraron en plaza la vacuna RB51, lo que es de considerar como falta grave y por la que se deberán instrumentar acciones para que no vuelva a ocurrir». Luego de citar lo que el MGAP entiende por ‘foco de brucelosis‘, afirmó que «parece un tanto exagerada la medida de aislar toda una seccional por un «foco de brucelosis», cuando no se ha contemplado el aislamiento de productores linderos y que están arroyo por medio y en otra seccional del Departamento. Creemos necesario el aislamiento de linderos y tras-linderos con sangrado obligatorio por veterinarios en el ejercicio liberal de la profesión y auditados por el Servicio de Sanidad Animal».
Sostuvo finalmente que «la eficacia de la presente lucha dependerá exclusivamente de la solución del conflicto que mantienen en todos sus términos los funcionarios de Sanidad Animal y la administración central, dado que éste pone en riesgo el estado sanitario del país y la región».
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