Opinion | 13 Sep De acuerdo a un documento dado a conocer por la Cámara de Comercio, es llamativamente alto el índice de informalismo que se advierte en el empresariado nacional, con mayor énfasis en el Interior. Lo más preocupante es que la tendencia crece, poniendo de relieve que existen factores que impulsan sobre todo a muchas pequeñas y medianas empresas a pasarse a la ilegalidad.
Es cierto, a nadie le gusta pagar impuestos, y en una parte nada despreciable esta evasión se origina en una reticencia de los uruguayos, por idiosincrasia, a cumplir con las normas, pese a que en este caso nos encontramos con el contrasentido de buscar siempre de tener como socio en las pérdidas al Estado paternalista, y actuar individualmente en las maduras. Pero no es menos cierto que estar en la ilegalidad no es agradable, por el riesgo que implica en caso de ser objeto de los controles del caso, y a la vez aportar por cargas sociales e impuestos significa obtener beneficios en el área de la seguridad social y evitarse problemas a la hora de operar en el circuito comercial y financiero, solo por mencionar algunos aspectos que atañen directamente al bolsillo y al bienestar general.
El origen del problema debe buscarse por lo tanto en otros factores, e indudablemente debe tenerse presente en primer lugar por qué el informalismo se da con mayor grado en el Interior que en la capital, cuando el país es uno solo (por lo menos en teoría). Ocurre que por lo general la situación de las empresas que trabajan fuera de Montevideo es mucho más frágil, y sus economías penden de un hilo, sobre todo porque desarrollan actividades en un mercado mucho más estrecho, donde la rentabilidad es menor y a veces negativa si hacen frente integralmente a la carga impositiva que se les aplica.
No puede obviarse, además, que quien actúa de esta manera evalúa la relación riesgo - beneficio, lo que indica que ante un mayor costo de estar en la legalidad, existe un mayor atractivo para trabajar al margen, y a la vez se evitan las inspecciones de los organismos del Estado, que invariablemente se dirigen hacia quien está legalmente establecido y no a quienes actúan dentro del sector informal.
Es decir, que ambos términos de esa ecuación favorecen el informalismo, pero ese no es el único aspecto del problema. Muchas empresas, ante la fuerte presión fiscal, el alto costo de las tarifas públicas y las cargas sociales, deben plantearse la disyuntiva de pasarse total o parcialmente al informalismo, o lisa y llanamente cesar su actividad.
Para quien está ante este dilema existencial, existe poco espacio para la duda: procura sobrevivir de la manera que puede, aunque ello conlleve el riesgo de no aportar para la seguridad social, y así no tener posibilidad de acogerse a la pasividad llegado el momento y tampoco tener cobertura social.
Es cierto, hay de todo en la viña del Señor, y están quienes realmente no tienen alternativas y otros que «se enganchan» en el vale todo, para mejorar su rentabilidad. Este es el quid del asunto, y el que plantea que las soluciones o alternativas para revertir este panorama se presentan difíciles y peor aún, como todo remedio, no van a resultar agradables.
En principio, debe tenerse presente que el alto costo del Estado es el nudo gordiano del asunto, y que pese a lo que diga el gobierno de turno, el gasto público excesivo lleva a incrementar sustancialmente la presión fiscal sobre los sectores reales de la economía, es decir tanto los productores de bienes como de servicios.
El gasto público es por lo tanto un freno para la economía, al demandar más recursos para sostener el funcionamiento del Estado, los que no son devueltos en servicios a los contribuyentes, por cuanto la parte del león se la lleva quien recauda.
El círculo vicioso deriva en que cuantos más evadan, más costoso resulta mantener el sistema para quienes se mantienen dentro de la legalidad. Se plantea entonces el eterno dilema del huevo y la gallina: el Estado no baja los impuestos porque necesita recaudar, y al mismo tiempo la evasión aumenta porque resulta cada vez más costoso trabajar en la legalidad.
La única salida real y sustentable pasa por reducir el gasto público y en consecuencia reducir la tributación, con lo que ganaríamos todos. Pero, como dice Mujica, arte y parte en este tema, también como integrante de la fuerza de gobierno, «difícil que el chancho chifle».