Opinion | 08 Sep La incorporación del Fondo de Cesantía y Retiro de la Construcción (Focer), significa un incremento del orden del 2,5% en el costo de la construcción, con mayor énfasis en el caso de las viviendas que demandan más mano de obra en relación con el valor de los materiales, que son por norma las casas económicas, según surge de un relevamiento realizado por EL TELEGRAFO entre operadores locales del sector. Para quien no esté más o menos al tanto de cómo han evolucionado los costos de la construcción, y sobre todo de las cargas tributivas y sociales que debe soportar, podría parecer un porcentaje menor si se lo toma aisladamente. Es cierto, es solo un 2,5% en primera instancia, pero que se suma al empuje inflacionario que hemos tenido en agosto, y seguramente a reajustes salariales retroactivos a julio, solo para empezar.
Promedialmente, para una vivienda de unos 100 metros cuadrados, que tiene un costo de construcción del orden de los 60.000 dólares, el solo incremento originado en la creación del Focer es de unos 1.250 dólares, que se suma a partir de agosto al aumento inflacionario de los insumos del sector. Es así que el Índice del Costo de la Construcción (ICC) que se aplica al mes de julio es del 1,11%, con una variación anual acumulada de 10,31% y de 12% en los últimos doce meses.
El problema es que construir una unidad habitacional ha quedado hace rato fuera del alcance de los sectores de ingresos medios de la población, lo que se une a la ausencia de créditos a largo plazo en el sistema bancario, a intereses razonables que permitan incorporar la cantidad necesaria de unidades nuevas, para suplir las carencias en materia de vivienda. Según reciente anuncio del titular del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ingeniero Carlos Colacce, la cartera se apresta a abrir líneas de crédito para compra de vivienda nueva o usada, en condiciones que igualmente no van a resultar fáciles para el trabajador medio, es decir el que más necesita de apoyo para acceder al techo propio, por más subsidios parciales que se ensayen. Y el aumento del costo de la construcción no ayuda para nada a revertir esa realidad.
Tampoco tiene la agilidad necesaria la posibilidad de hacerlo a través del cooperativismo de ayuda mutua, desde que los trámites siguen lentos y sobre todo falta la gran inyección de recursos que necesita el sector. Poco aporta además en este esquema la actitud de Fucvam, una federación politizada que ha insistido en planteos maximalistas, cuya buena intención es desvirtuada por algunos métodos que aplica y reclamos exacerbados respecto a condonaciones de deudas que no se corresponden con la solidaridad en el retorno de recursos para atender a aquellos que procuran acceder a la vivienda propia.
Pero sobre todo en el caso de la construcción se suman costos ficticios, por incidencia de las cargas sociales y la tributación, que se arrastran desde hace décadas, y que afectan a esta industria dinamizadora de la actividad interna. Aunque en alguna medida se ha reducido respecto a los tiempos en que el costo de construir prácticamente se duplicaba por estas cargas que aplica el Estado, debe tenerse presente que el Focer se suma a otros tributos que siguen presionando los costos y desestimulando la construcción.
A la vez, por esta vía se sigue estimulando la creciente actividad en negro y haciendo que sea más negocio evadir que trabajar en la legalidad, para lo que también contribuye la extrema laxitud en los controles de organismos como el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva, que solo actúan ante denuncias concretas y no van al «disco duro» de la evasión total o parcial en el sector.
Hay por lo tanto un esquema perverso que obra como disuasivo para construir en la escala a que podría llegarse si los costos que impone el Estado se hicieran menos gravosos, lo que es particularmente negativo en el caso de las viviendas económicas, pero que comprende todas las categorías de edificaciones.
A la vez, este factor tiene que ver también con la disparada en los precios de los alquileres para sectores de menores recursos, debido a la falta de viviendas y la aplicación del IRPF que los propietarios trasladan a los inquilinos.
Una razón más, por si hacía falta, para analizar seriamente el desmantelamiento de los costos «inflados» que resultan disuasivos para la industria de la construcción, lo que resultaría de gran beneficio para todos los involucrados y el país.