Opinion | 10 Sep El servicio exterior uruguayo no se caracteriza precisamente por su profesionalismo ni por su eficacia, y en cambio sí por los errores y omisiones que han cometido nuestras representaciones diplomáticas.
Pero como bien sostiene el refrán, la culpa no es del chancho sino de quien le rasca el lomo, y tenemos así que las embajadas han sido tradicionalmente una especie de premio consuelo a políticos que no han logrado respaldo electoral para los cargos a los que se postulaban, o han tenido que dejar ministerios, o simplemente por pagar favores.
Ello no quiere decir necesariamente que quien ocupe un cargo diplomático por esta vía no esté calificado para hacerlo, pero por lo menos deja la duda bien fundada de que no ingresa por sus méritos como profesional sino por designación directa, lo que implica la postergación de quienes en la carrera diplomática legítimamente aspiran a ser tenidos en cuenta.
Lamentablemente, esta tesitura ha sido común a todos los gobiernos, y el del Frente Amplio no es una excepción, pese a que pregonara todo lo contrario durante la campaña electoral. Un caso que salió a luz recientemente fue el del embajador en Italia, Carlos Abín, hombre de confianza del presidente Vázquez e integrante del sector Vertiente Artiguista, quien no se encontraba en la representación diplomática cuando llegó el pedido de extradición de un militar acusado de violaciones a los derechos humanos, pese a que el funcionario había actuado como un connotado defensor de los derechos humanos y había sido avisado de que en esos días la documentación llegaría a la embajada.
Pero el embajador estaba en ese momento en España, sin haber comunicado previamente su viaje y menos aún informado de las razones para hacerlo. Fue así que la documentación ingresó fuera de tiempo al juzgado italiano, por lo que aún se está en litigio en procura de revertir el proceso.
El resultado fue la destitución del embajador pocas semanas después, debido a la presión dentro de la propia fuerza de gobierno. Pero este dato solo revela cómo se siguen haciendo las cosas en el servicio diplomático y el doble discurso que implica hacer en el gobierno algo distinto de lo que se dijo en plena puja electoral.
De acuerdo a la revista ¿Qué Pasa? del diario «El País», bajo el actual gobierno se han duplicado los cargos políticos en Cancillería, pasando de 10 a 20, además de aprobarse la facultad de poder designar hasta diez jefes de misión.
Los embajadores ganan el sueldo más alto que paga el Estado uruguayo, pero en realidad la opinión generalizada es que no se devuelve al país el costo de la representación en los servicios que se cumplen.
Como hecho anecdótico a mencionar, el embajador de nuestro país en China, Luis Almagro, quien también fue designado por decisión política, no habla ninguna de las tres lenguas oficiales de aquel país chinas y solamente se hace entender por el inglés.
El experto en política exterior e integrante del tribunal del servicio exterior, Wilson Fernández Luzuriaga, dijo al semanario que por lo general en la designación ni siquiera se tiene claro cuál es el plan determinado para el país en destino, y el senador nacionalista Jorge Larrañaga reveló recientemente el caso de la Embajada en Rumania como ejemplo del malgasto en la política exterior. El embajador uruguayo en ese país gana 9.000 dólares mensuales, cuando las exportaciones nuestras a Rumania apenas llegan a los 24.000 dólares anuales, y ni qué decir de la escasa o inexistente actividad de relacionamiento cultural, político y social con esa nación.
También se quejan los empresarios, porque como regla general no reciben el apoyo que debería prestarse desde las embajadas para al menos oficiar de enlace con actores locales para la concreción de negocios.
Algunos empresarios incluso manifestaron al semanario que «a veces uno llama pidiendo una lista de importadores en otro país y recibe una fotocopia de las páginas amarillas. Es poco serio».
Lamentablemente, los gobiernos cambian, los discursos se suceden con promesas de cambio, pero todo sigue igual en el servicio diplomático, salvo los nombres afines a este o aquel partido en el poder, con honrosas excepciones que no cambian la esencia del problema.