Opinion | 15 Sep Con un adelanto de muchos años respecto a Uruguay en cuanto a la evolución de la explotación forestal, es oportuno evaluar la experiencia chilena en el tema para evitar episodios negativos que vivió la nación trasandina y en cambio apuntar a potenciar los aspectos positivos en un área en la que felizmente hay una visión de Estado en nuestro país, por encima de partidos políticos.
El apunte viene a cuento de la participación del gerente de Normativas y Fiscalización de la Corporación Nacional Forestal de Chile, Fernando Olave, en la conferencia sobre «Políticas de Estado, el agro en los tiempos que vienen», organizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la consultora Seragro y El País.
El empresario aseguró que el desarrollo forestal en el Uruguay se encuentra en un momento muy expectante, ya que «la primera etapa es muy difícil, luego viene una etapa de desarrollo rápido y de ahí para adelante consolidarse y seguir creciendo no es fácil, y Uruguay se encuentra en esta etapa».
Consideró que al llegarse a este punto en el que nos encontramos, es fundamental fortalecer la cooperación público-privada, partiendo de una visión de país «para la captura de mercados, captura de imagen y de productos, de redistribución de ingresos y de responsabilidad social».
Son varios aspectos a tener en cuenta para que la visión global sobre la explotación no incorpore distorsiones que después resulta muy difícil corregir, cuando al ponerse énfasis en una faceta se actúa en desmedro de otra.
En todos los casos, la interacción entre actores públicos y privados resulta fundamental, por ejemplo en lo que refiere a infraestructura logística, donde el aporte estatal para el transporte intermodal resulta clave para potenciar el recurso, en tanto tampoco debe descuidar el Estado el factor medioambiental y la vigilancia en cuanto al tipo de suelo a forestar, así como lo que se relaciona con la preservación de los montes nativos.
Un aspecto sustancial, además, tiene que ver con la orientación de las explotaciones, desde que ante una materia prima que puede tener diversidad de usos, se corre el riesgo de que las grandes empresas forestales cuenten con una gran disponibilidad pero a efectos de priorizar sus explotaciones, sin tener en cuenta otras necesidades que también interesan el país, por ser actividades que emplean abundante mano de obra y a la vez pueden dotar de mayor valor agregado al recurso, como parte de una visión estratégica.
En todos los casos, se impone esta cooperación público-privada para generar ámbitos de análisis y en lo posible interpretar y conciliar intereses, sin cambiar las reglas de juego con las cuales se captaron las inversiones, que es un elemento que debe tenerse presente en todos los casos.
Precisamente el ejecutivo chileno advirtió que su país pasó por la misma discusión y que hoy el fuerte de su producción está en la madera aserrada para tableros y en la celulosa, pero sin acotarse a estas posibilidades, desde que se tiene claro que el sector debe diversificarse para que la industria no quede muy expuesta.
Al hablar en este foro, el gerente general de Weyerhauser, Marvin Risco, evaluó que el momento al que se ha llegado en la forestación en el Uruguay, es resultado de una ley que trasciende un gobierno, lo que indica que resulta fundamental la política de Estado que desarrolle el país para la explotación forestal. Y es cierto que deben tenerse presente los intereses de las forestales, que requieren la búsqueda del retorno de una inversión que exige primero dejar enterrados capitales por quince a veinte años antes de empezar a recuperarlos, pero también conciliarlos con definiciones políticas de desarrollo y cooperar en la incorporación de los instrumentos que lo hagan posible.
No estamos por lo tanto ante incompatibilidades, sino ante un escenario en el que —como bien sostiene el experto chileno— es preciso consolidar el desarrollo que a ritmo acelerado se ha dado a partir de las primeras implantaciones, sin perder de vista que mucho mejor que exportar materia prima en bruto o a medio procesar, es generar trabajo dentro de fronteras, con el mayor valor agregado posible.
Y este valor diferencial implica diseñar políticas inteligentes, con fecundo diálogo ente los actores públicos y privados, para que ganemos todos, por más que algunos se sientan tentados a obtener la mayor rentabilidad posible sin mirar hacia los costados.