Opinion | 26 Sep «Antes de venir aquí estaba preocupado; ahora lo estoy más», manifestó a un periodista de El Observador uno de los asistentes a un seminario organizado por las Mesas Locales para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, una organización de vecinos en la que colaboran el Ministerio del Interior y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana.
Y no es para menos, desde que el tema convocante fue el relacionado con la seguridad vinculada a los adolescentes infractores, que es indudablemente un drama instalado en la sociedad y que lejos de atenuarse por la adopción de medidas correctivas, sigue agravándose día a día por omisión de los organismos del Estado que deberían ocuparse seriamente del tema.
En el seminario aludido, luego que cada panelista explicó su función dentro del sistema penal juvenil, el público comenzó a preguntar, pero «lo que escucharon eran los argumentos de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, donde la privación de libertad es la última medida contra un menor y la plena prueba es la única garantía del delito», señala la crónica.
Y mientras se esgrimía como gran argumento el contenido de esta convención, en la misma Montevideo cuatro menores de doce años cometían por enésima vez una rapiña contra un ómnibus en el Cerro, armados con revólveres, y uno de ellos efectuó varios disparos, dentro y fuera de la unidad de transporte, para posteriormente intercambiar disparos con efectivos policiales.
Lamentablemente, este es apenas uno de los ejemplos de lo que ocurre todos los días en nuestras calles, en la modalidad delictiva que sea, por niños que deberían estar en la escuela y que sin embargo ingresan desde la más tierna infancia en la senda delictiva.
En el caso de los menores rapiñeros, pese su perfil conflictivo, no podrán ser internados con medidas de seguridad, dado que son menores de trece años. De acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia, por debajo de esa edad los menores no están sujetos a procedimiento penal en carácter de autores inimputables.
Para colmo de males, pese a la extrema peligrosidad de los «infractores», la Policía enfrenta problemas adicionales, ya que en el momento de su detención deben extremar las precauciones para que el menor no resulte lesionado.
Y para completar el cuadro, los efectivos actuantes, cuando tras trabajosas actuaciones, logran identificar y detener a los menores, — que hacen valer agresivamente su condición de inimputables—, se encuentran con que muchas veces el policía debe permanecer en los juzgados declarando aún después de que el «infractor» es entregado a sus padres, lo que se ha convertido en un hipocresía legal, porque el menor vuelve a la calle rápidamente para seguir delinquiendo, atentando contra la propiedad y la integridad física de los vecinos.
La inseguridad hace rato que tiene hartos a los uruguayos de toda condición, y en el caso de personas mayores de edad, sobre todo mujeres, el problema alcanza niveles de drama, con situaciones de angustia, depresión, y trastornos síquicos que la mayoría de las veces resulta muy difícil de revertir.
Y mal que le pese a la ministra del Interior, Daisy Tourné, quien sigue asegurando que los medios exageran respecto a la inseguridad, estamos ante un problema que se va expandiendo, no ya desde la capital al Interior, sino desde las capitales departamentales a localidades de menos habitantes y el interior profundo.
Hace pocas horas la secretaria de Estado transmitió personalmente al jefe de Policía de Montevideo, Alcides Caballero, la recomendación formulada por el presidente Tabaré Vázquez en cuanto a «tratar bien» a los menores involucrados en las rapiñas, porque el mandatario, según comentó, no podía dejar de recordar que tiene «nietos de la misma edad».
Ocurre que el mandatario no es el único con nietos menores de edad, desde que centenares de miles de uruguayos también los tenemos, de toda edad, como también tenemos innumerables víctimas de la saña de menores que no tienen miramientos para cometer sus delitos y agredir a quienes se resisten o solo aciertan a pasar por el lugar, o destrozar los bienes que no se puedan llevar, por el solo hecho de causar daño.
Y por supuesto, no se trata de maltratar a los infractores, pero sí de que por lo menos se modifiquen las leyes para actualizarlas, como se ha hecho en los países desarrollados, y se dote de instrumentos a la Policía y a la justicia para actuar con severidad, para incorporar hogares de alta seguridad de los que los menores no se escapen tan pronto llegan, y a la vez funcionen realmente como centros correccionales y no como academias para perfeccionarse en el delito.
No es una utopía ni nada que se le parezca; en otros lugares se ha hecho, y la población no puede esperar veinte años a que «funcionen» las políticas sociales de este gobierno, como se nos pretende hacer creer, para justificar todo lo que se deja de hacer hoy.