MONTE NATIVO

Locales | 23 Sep La organización ambientalista Guayubira advirtió que no existe un mecanismo formal de control del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre el monte nativo existente en predios agropecuarios no forestales. En ese sentido considera importante un rol más activo de las intendencias, las que —en su opinión— deberían organizar la extracción de leña y reorientarla hacia el corte de especies exóticas invasoras como el ligustro, la espina de Cristo, paraíso, fresno y otras.
El monte indígena está protegido por la ley 15.939, cuyo artículo 24 establece la prohibición de cortar y realizar cualquier operación que «atente contra la supervivencia del monte indígena», aunque exceptúa ciertos casos como «cuando el producto de la explotación se destine al uso doméstico y alambrado del establecimiento rural al que pertenece o cuando medie autorización de la Dirección Forestal basada en un informe técnico donde se detallen tanto las causas que justifiquen el corte como los planes de explotación a efectuarse en cada caso».
Así, «no todo corte u operación que atente contra la supervivencia del monte indígena es necesariamente ilegal. A eso se suma el hecho de que el principal mecanismo de control está constituido por las guías de transporte de madera, que solo puede ser efectivo cuando la corta se realiza para la venta de leña pero resulta totalmente ineficaz cuando se trata de empresas cuyo objetivo no es la venta sino ‘ganar campo’ a costa del monte».
La organización sostiene que «la Dirección Forestal controla directamente a las empresas forestales, ya que éstas deben registrarse» en dicha dirección, «donde se constata si el campo a forestar contiene monte indígena. Sin embargo, ese control no existe para el caso de otras empresas —sojeras, trigueras, lecheras, ganaderas-- que no tienen que pedir permiso al ministerio para sus actividades. Al no existir ningún mecanismo formal de control para evitar la tala ilegal, la supervisión se realiza a través de denuncias de actores públicos y privados y, según trascendió en la prensa, habrían ‘colmado la capacidad de trabajo’ del Departamento de Bosque Nativo de la Dirección Forestal». Guayubira considera que «si bien toda erradicación de monte indígena es grave, existen casos que revisten más gravedad que otros, dado que afectan a montes únicos y en peligro de desaparición». «Tal es el caso del monte de parque, que solo existe en el litoral del río Uruguay y que a lo largo de nuestra historia ha sufrido procesos tales de degradación que hoy existen escasos remanentes en buenas condiciones. Contiene en general especies de lento crecimiento como el algarrobo, ñandubay, chañar, espinillo, cina-cina, tala, coronilla y otras».
TALA LOCAL Y EMPRESARIAL
Destacó además que en la tala ilegal de nuestros montes «intervienen dos actores totalmente distintos: por un lado los leñadores locales» y por otro está la tala «empresarial».
La primera modalidad refiere a «carritos que abastecen de leña a casi todos los centros poblados. Dicha actividad tiene características que la diferencian de otras formas de tala. Por un lado, porque cumple una función social en cuanto a la generación de ingresos a personas sin empleos estables y por otro lado, porque el monte no es erradicado y puede volver a regenerarse, aunque con cierto grado de degradación».
«El caso de la tala empresarial es totalmente distinto, puesto que persigue aumentar la rentabilidad de la inversión ‘agrandando el campo’ a costa del monte y resulta en la erradicación definitiva del mismo. Una vez eliminado el monte —a menudo con el uso de topadoras y en muchos casos con aplicación masiva de herbicidas-- se siembra soja, trigo, pasturas o árboles que hacen imposible la regeneración del monte». «También es muy diferente el costo que implica la tala ilegal para ambos actores. Para los primeros significa ser detenidos por la Policía y ver su leña y vehículos confiscados, en tanto que para los segundos implica el pago de una multa —que las más de las veces ni siquiera pagan-- pero que, de acuerdo con gente local ‘dicen que total pagan la multa, que igual les conviene’, ya que es más lo que ganan usando esa tierra para sus cultivos que el costo de la multa», dijo Guayubira.
Un tercer actor, que se maneja dentro de la legalidad, estaría constituido por las empresas dedicadas fundamentalmente al abastecimiento de leña a Montevideo, cuyo accionar es controlado por las autorizaciones de corta de la Dirección Forestal y de las guías de transporte.

PROBLEMAS PARA DENUNCIAR
Según Guayubira los pobladores locales tienen problemas para denunciar la tala de monte nativo, ya sea por temor a represalias o falta de información. Por eso pide que sean divulgados a través de las intendencias los teléfonos y direcciones de correo electrónico de dependencias estatales donde se pueden hacer denuncias sin aportar datos personales del denunciante.
«Dado que el control depende en gran medida de denuncias de gente local, importa destacar que esa gente se enfrenta a varios problemas. Por un lado no puede saber si la tala que quiere denunciar es legal o ilegal, porque no se informa de ello», dijeron.
Por otro lado, debe destinar su tiempo y dinero para identificar el organismo pertinente donde hacer la denuncia y desplazarse adonde corresponda para hacerla efectiva. Finalmente, son muchas las personas que manifiestan temor de hacer la denuncia y solicitan permanecer en el anonimato. «Dicho temor se origina en las represalias sociales, laborales o comerciales que podría implicarles la denuncia si se hiciera público el nombre de el o la denunciante, lo que ya ha ocurrido en varios casos», dijo la organización ambientalista.
Agrego que las múltiples denuncias recibidas por Guayubira durante las últimas dos semanas abarcan un conjunto diverso de situaciones en Canelones, Colonia, Durazno, Maldonado, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, Tacuarembó, Treinta y Tres y Paysandú.