Opinion | 23 Sep Desde fines de la década de 1960, el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua ha tenido un muy buen desarrollo en nuestro país, y en departamentos como Paysandú, sobre todo, permitió el acceso a la solución habitacional para centenares de familias, a través de una vivienda decorosa y un repago a largo plazo –unos 25 años de promedio—que permitió que fuera afectada solo una parte de sus ingresos para la amortización de los créditos.
El cooperativismo de vivienda, y sobre todo el de ayuda mutua, que tiene como base que el propio núcleo familiar abarate la construcción mediante el aporte de su esfuerzo en la obra, conlleva sin embargo tanto derechos como obligaciones, en una sociedad en la que la solidaridad no es precisamente su punto fuerte, y a la vez, cuando se trata de apoyos del Estado, el beneficiario tiende a creer que es dinero que llueve del cielo y que el repago se debe hacer cuando se puede y en la forma más cómoda posible, porque al fin de cuentas nadie va a ser desalojado de su única vivienda. Quienes así han razonado, le han hecho mucho mal al propio cooperativismo de vivienda, lo que no significa desconocer que ha habido familias que realmente han atravesado muchas dificultades para hacer frente a sus compromisos, que han perdido el trabajo o han visto reducidos sus ingresos, y que por lo tanto debieron ser contemplados en sus atrasos por tratarse de viviendas de interés social.
Pero lamentablemente también se han dado situaciones en las que se ha hecho una cultura del no pago en tiempo y forma de las obligaciones contraídas, en lo que constituye una forma de desvirtuar la solidaridad que se pregona, desde que el retorno del dinero al Banco Hipotecario, en su momento, y ahora al Ministerio de Vivienda, es lo que permite que nuevas familias que necesitan acceder a su solución habitacional puedan obtener préstamos.
Es decir que en alguna medida se ha desvirtuado un instrumento que en los papeles se ha presentado como una forma al alcance de sectores de menores recursos y asalariados de ingresos medios, para construir una vivienda decorosa, en tanto paralelamente la federación que agrupa al sector se ha desgastado innecesariamente ante la opinión pública con su participación en instancias de carácter político ideológico que poco y nada tienen que ver con el objetivo de la vivienda. También ha deteriorado su imagen ante el trabajador que necesita el techo, que considera a la cooperativa como un instrumento valedero para hacerlo, pero que se resiste a participar en adoctrinamientos y movilizaciones que ponen en una misma bolsa a los dirigentes que comulgan con la idea, con quienes no tienen la misma forma de pensar y que procuran evitar la incomodidad de disentir abiertamente con lo que se promueve.
Y así como el cooperativismo es un instrumento válido para determinados sectores, no es menos cierto que hay grupos de la sociedad que ni siquiera están en condiciones de hacer frente a la cuota que implica este repago de la unidad habitacional, pese al largo plazo y bajas tasas de interés que permiten reducir la afectación de ingresos por la cuota.
Para estos sectores se están instrumentando planes con subsidios en los préstamos para acceder a la vivienda, los que igualmente todavía no se han volcado en forma masiva a atender a estos grupos, pese a que el Poder Ejecutivo ha reafirmado una y otra vez que la recaudación ha aumentado y que hay espacio fiscal para distribuir recursos en áreas prioritarias.
El punto es que Uruguay sigue exhibiendo un triste déficit en materia habitacional, que afecta particularmente, como suele ocurrir, a las franjas de menores ingresos, que tampoco pueden pagar alquileres que, aún en las casas de modesta condición, suelen equivaler a todo un salario.
En estos casos, los alquileres que se piden podrían perfectamente cubrir un préstamo a largo plazo con un subsidio parcial, lo que da la pauta de la distorsión que se manifiesta en el mercado desde hace ya tiempo, pero acentuada sobre todo en los dos últimos años. Ha sido agravada además por la reforma tributaria, que generó un nuevo impuesto a los propietarios que éstos, naturalmente, han trasladado a los inquilinos, al amparo de la distorsión entre la oferta y la demanda.
Estos aspectos, apenas delineados e incompletos, dan la pauta de que hay mucho por hacer en materia de vivienda, y que tanto el cooperativismo, como el Estado e incluso los actores privados, deberían ser copartícipes activos en las soluciones para atender estas carencias, que lamentablemente no podrán ser superadas en un año y seguramente tampoco en una sola gestión de gobierno. Pero es impostergable trabajar con políticas de Estado, sin demoras, para responder con eficacia a un problema que se presenta cada vez más acuciante para decenas de miles de uruguayos.