Opinion | 28 Sep Para no desentonar con lo que ha sido una constante en los sucesivos gobiernos, más allá de algunos hechos puntuales que no modifican la esencia del problema, en el Ministerio de Salud Pública continúa apostándose a la centralización de servicios, sin esbozos de alguna intentona de regionalización en lo que tiene que ver con la prestación de servicios de alta tecnología.
Pese a reiterados anuncios acerca de acciones descentralizadoras, se mantiene un statu quo que impide que el Interior pueda contar con institutos de medicina altamente especializada, y es así que los salteños continúan luchando contra la burocracia capitalina, por un lado, pero sobre todo contra la falta de voluntad política de las autoridades nacionales en esa área, para instalar un centro de cardiología, el único que funcionaría fuera de Montevideo.
Y utilizamos el condicional, porque tras la negativa que en su momento expresó la titular de Salud Pública, Dra. María Julia Muñoz, ante la insistencia de las fuerzas vivas y autoridades salteñas —tanto intendente como Junta Departamental— la secretaria de estado accedió a que la decisión quedara en manos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), donde está radicada la gestión de nuestros vecinos para contar con un Imae cardiológico, lo que permitiría atender pacientes crónicos y urgencias de una vasta región, sobre todo del Norte del río Negro.
Es decir que pese a que se han dado algunos pasos en procura de hacer realidad esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de las juntas departamentales de los departamentos de la región, incluida la de Paysandú, tras la ronda de contactos que realizaron los ediles salteños, así como de las gremiales médicas, hasta ahora se han registrado escasos avances, y se requiere un seguimiento muy de cerca de los directamente involucrados a efectos de que no se diluya el planteo en los ámbitos en que ha sido presentado, como es norma.
Esta visión centralista, que por ejemplo se refleja nítidamente en que no hay ningún instituto de medicina de alta tecnología fuera de Montevideo, aunque la mayoría de la población reside en el Interior, no ha cambiado con el gobierno del Frente Amplio, que ha sido continuista con esta política de la de los gobiernos que la antecedieron. Es que responde a una formación centralista que atraviesa todos los partidos transversalmente, porque es una impronta de la burocracia y en este caso además se ve agravada con los intereses de gremiales médicas y de profesionales capitalinos que no se allanan a ceder parcelas de poder.
Y si no, tenemos también presente el ejemplo del litotriptor que las actuales autoridades de Salud Pública se llevaron de Paysandú al Hospital Maciel, con la promesa de un cercano retorno y llamados a licitación para incorporar un equipo más moderno. Pero este tema sigue empantanado, al punto que las autoridades ya ni hablan, sin que el centralismo responda a las inquietudes que se han formulado por legisladores de la oposición, ante la pasividad de las autoridades locales.
Recientemente se anunció que las autoridades de la salud están evaluando trasladar parte de la operativa del Hospital de Ojos de Montevideo hacia el Hospital de Carmelo, para «acercar» este servicio al Interior, lo que se plantea sin dudas como una burla al interior profundo y sobre todo a quienes residen al Norte del río Negro, que seguirán padeciendo los mismos problemas de lejanía que si el hospital siguiera funcionando solo en Montevideo, y con dificultades adicionales para transporte, al no contarse con la mismas posibilidades de frecuencias y conexiones terrestres que tiene la capital.
El proyecto, apenas esbozado, es todavía objeto de estudios y pesquisamiento, pero desde el vamos la iniciativa está desnaturalizada en sus objetivos, si es que realmente la idea es descentralizar y no simplemente salvar las apariencias.
Un hospital de ojos de estas características debería ser ubicado al Norte del río Negro, a efectos de que esté por lo menos más cerca de departamentos como Rivera, Artigas, Salto, Paysandú, apuntando a una regionalización que es parte indisoluble de la descentralización.
Esta pasa también por no superponer servicios, recursos e infraestructura, pero sí decidir con sentido común, y no haciendo que la enmienda sea tan mala como el soneto, como surge de esta «idea» producto del delirio de algún burócrata capitalino que desconoce en absoluto la realidad y las necesidades del Interior.