Locales | 25 Sep El Poder Judicial comenzó a desarrollar «su propia solución informática» para llegar, en dos años, a tener «un sistema totalmente electrónico», dijo a EL TELEGRAFO el vocero de la Suprema Corte de Justicia, doctor Raúl Oxandabarat. Para ello, se utilizó software libre, sobre sistema operativo Linux, centralización del servidor en Montevideo y un convenio con Antel. Con esto, el sistema judicial uruguayo será más ágil, con menos papeles y más accesibilidad a los expedientes y su marcha dentro del sistema.
De esta manera, la Suprema Corte emitió una «acordada» donde establece la legalidad de lo que se denomina «domicilio electrónico». Dicen los magistrados que «a partir de la entrada en vigencia de la presente Acordada y de acuerdo al plan de implantación que se dará a conocer oportunamente, toda persona, organismo o profesional deberá constituir domicilio electrónico, para los asuntos judiciales que tramite o esté tramitando y para los procedimientos administrativos que se ventilen ante y/o vinculados a la actividad judicial».
De esta manera, «a tal fin el Poder Judicial instalará un sistema de correo electrónico, exclusivo, para las notificaciones electrónicas en los procesos judiciales. Este servicio será el único medio admitido a esos efectos y las cuentas que sean concedidas sólo podrán ser destinadas a recibir notificaciones», dijo. Para ello, se creó la Unidad de Administración de Notificaciones Electrónicas, UANE.
No obstante, los jueces aclaran que «el sistema de notificación electrónica aprobado será de implementación gradual, estimándose que comenzará a funcionar en los primeros meses del año 2009, en las sedes que entienden en determinada materia en Montevideo, para después ir incorporando las demás materias y en toda la República».
POR FALTA DE FONDOS
Raúl Oxandabarat recordó a EL TELEGRAFO que «en 2002 el Poder Judicial vio restringida su asignación presupuestal en las partidas del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que obligó entre otras cosas a revisar la política informática que en ese entonces estaba orientada al uso del software comercial y a la tercerización».
Esto implicaba no solamente la reducción de costos, sino también «la expansión de los servicios a todas las oficinas con el mínimo esfuerzo económico posible».
Así se creó la División Tecnología del Poder Judicial para desarrollar y mantener un nuevo proyecto basado en el uso de software libre en todas las oficinas administrativas y del ámbito jurisdiccional. Realizados los estudios pertinentes se aprobó el uso de Linux como sistema operativo básico, tanto en los servidores como en los puestos de trabajo, resolviéndose luego la implantación de esa solución en las oficinas de todo el país.
«Para hacer viable la utilización exitosa del software libre hubo necesidad de investigar intensamente durante todo el año 2004 con personal propio del Poder Judicial. Así se implementó la plataforma que ya se ha puesto en funcionamiento. Naturalmente que el grado de avance de esta solución está siempre acotado por los dineros disponibles (que son escasos) y en esa medida se están sustituyendo los equipos viejos por nuevos, comenzando en Montevideo para luego extenderse al interior del país».
SISTEMA PILOTO
Según Oxandabarat, «el sistema generado por la empresa chilena Sonda entrará durante este semestre en un programa piloto donde se probará su efectividad», y se desarrolló un software «que abarcará todos los expedientes del sistema judicial, incluyendo penal, civil y de paz».
Hay que considerar que la estimación de expedientes que maneja el Poder Judicial es de unos 240.000 para este año. La última cifra oficial que brindó el vocero, establece que «en 2006, fueron casi 200.000 expedientes presentados».
Aclaró que «el cronograma que manejamos es inseguro, porque dependerá de las correcciones que haya que hacerle al programa después de esta prueba de seis meses». Sin embargo, se mostró optimista que en dos años pueda estar en todos los juzgados del país.
YA NO HABRÁ DISCO DURO
El sistema que se viene utilizando en algunos juzgados, es tener una computadora común donde se ingresan todos los datos del juzgado, y se hacen respaldos en discos por seguridad. Sin embargo, en alguna oportunidad fueron robados del propio juzgado los discos duros o las torres de las computadoras, para hacer desaparecer pruebas o testimonios. «Ahora las computadoras en cada juzgado serán nodos, simples terminales, y toda la información estará en la computadora central de la Suprema Corte», explicó Oxandabarat.
Para el funcionamiento de esta nueva red nacional judicial, se prevé la realización de cursos a los funcionarios, de manera de lograr una rápida adaptación al sistema.
De esta manera, explicó, se utilizará «software libre gratuito, tanto en los puestos de trabajo como en los servidores, y se reu- nirán todos los servicios de informática en un único centro de procesamiento de datos como forma de minimizar los costos de mantenimiento en todas las oficinas del país».
Otro beneficio de esta solución consiste en un fuerte desarrollo de las comunicaciones de datos, lo que permitirá el desarrollo de una red propia que se denominará Red Nacional Judicial, Renaju, con el servicio contratado de ANTEL para interconectar las oficinas en el marco de un convenio firmado en junio de 2004.
Habrá un sistema de enlace de datos y voz mediante la telefonía IP (Internet Protocol), con lo que se obtendrá un mayor número de aplicaciones por el mismo costo que antes insumía la comunicación telefónica tradicional.
ACCESO DIRECTO POR LA WEB
Habrá «un portal único para el ingreso de los usuarios del Poder Judicial a la Red Nacional Judicial», que contará con toda la información necesaria para que los integrantes del Poder Judicial y los abogados puedan consultar vía electrónica los expedientes en trámite. Actualmente hay un sistema de consulta, pero será mejorado y ampliado a todas las jurisdicciones.
«El sistema de consulta remota de trámites por Internet es el primer beneficio de los muchos que se irán haciendo patentes para el usuario de los servicios de Justicia, orientándose hacia claros objetivos de transparencia y reafirmación de las garantías de igualdad ante la ley, de acuerdo con lo establecido por las políticas más avanzadas en esta materia», dijo el abogado y periodista.
De esta manera, «la gestión de las oficinas jurisdiccionales seguirá rigiéndose en lo inmediato por el Sistema de Gestión de Juzgados, pero este programa informático será sustituido por el Sistema de Gestión de Tribunales en desarrollo a impulsos del Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo (PROFOSJU) por el cual se ejecuta un préstamo del BID para mejorar los servicios de Justicia», dijo Oxandabarat.
LOS DATOS DE 2006
En ese año, se iniciaron un total de 197.409 expedientes en todo el país. De ellos, 6.101 corresponden a Paysandú, con el 3,2% del total.
La mayoría de los expedientes judiciales corresponden al Interior del país, el 55,6 %, en total 105.917. Montevideo tiene el 44% con 84.457 expedientes, Canelones el 12,1% 23.021; Maldonado 5,5% con 10.404 expedientes, Colonia el 3,7% con 7.035 y Salto levemente superior con el 3,6%, 6.766 expedientes.
En cuanto al tipo de expediente, a nivel nacional fueron en Juzgados Letrados 143.673 el 72,8%; de Paz Departamental 41.293 el 20,9%; de Paz Seccional 5.045 2,6% (en el Interior los procesos por Faltas se inician en los Juzgados de Paz); Tribunales de Apelaciones 6.501 3,3%; Faltas 363 0,2% y gestionados en la Suprema Corte de Justicia 534, el 0,3%.