OPINIONES

Locales | 01 Oct Flexibilización para
jubilarse: lo que está
bien y lo que está mal
El gobierno ha enviado al Parlamento un Proyecto de Ley que modifica algunos de los requisitos establecidos en la ley 16.713 del 3 de setiembre de 1995, para poder acceder a la jubilación. Prácticamente al final de su período de gobierno -lo más importante de la función legislativa ya ha trascurrido y el proceso electoral juega en contra de los intereses de la gente, pues todos los partidos se afanan en la carrera hacia el nuevo gobierno- el Poder Ejecutivo ha definido cambiar algún aspecto de la ley vigente.
Si se lee detenidamente el proyecto, nos damos cuenta que poco o nada cambia. Los fundamentos establecidos no son una novedad. Cuando se sancionó la citada ley 16.713, el partido que hoy gobierna se opuso con la mayor parte de sus legisladores, y con los mismos argumentos con que hoy fundamenta este proyecto. Con esto estamos diciendo que, injustamente, han pasado tres años y medio y va a pasar un año más para que la nueva norma entre en vigencia, procesos que indignan porque tanto el Poder Ejecutivo como el Parlamento, saben que los tiempos de quienes tienen sesenta o setenta años no son los mismos del que tiene treinta...
El Proyecto de Ley enviado establece que ello es el fruto del Diálogo Social llevado a cabo durante el año pasado y del consenso logrado. Afirmamos que ello no es así. El llamado diálogo social se conformó en una mesa donde más de treinta organizaciones y alrededor de setenta personas expusieron durante meses la defensa de las organizaciones a las que pertenecían y por lo tanto hubo intereses muy contrapuestos, de lo que surgió un informe final que nadie cuestionó por intrascendente.
En definitiva, este proyecto es, en parte, consecuencia de la denuncia que levantaron trabajadores y jubilados y pensionistas hace trece años cuanto se veía venir el resultado de la aplicación de las reformas propiciadas por los organismos financieros internacionales. El único fundamento cierto en mantener la vigencia de la Ley 16.713, es la posición del saliente ministro de Economía y Finanzas, partidario desde siempre de la vigencia del sistema privado de jubilaciones y también decidido a no mejorar la situación de cientos de miles de jubilados y pensionistas, procurando que las pasividades se autofinancien, cosa que en parte ha logrado pero al alto precio de mantener jubilaciones y pensiones miserables en su gran mayoría, lo que dio lugar a una gran campaña política, utilizando ello como argumento sobre el no pago de las nuevas normas impositivas. No se debe dejar de lado que, en contrapartida, en perjuicio del sistema de Seguridad Social y en beneficio de los sectores empresariales, desde hace ya más de un año, los aportes patronales aportan la mitad de lo que aportaban -7,5 % en lugar del 15 % anterior-en tanto los trabajadores siguen aportando el 15 %. Además, esta administración no está creando un buen precedente con el «blanqueo» de deudas por varios ministerios e intendencias que por años fueron deudoras habituales del BPS.
Como parte del fundamento de la nueva ley, el Poder Ejecutivo pone énfasis en las cifras sobre desempleo. Si bien las cifras se refieren a localidades de más de 5.000 habitantes, lo que le quita autenticidad al trabajo, dado que es fácilmente deducible que en localidades pequeñas el desempleo es mayor, no deja de ser positivo el resultado, pues también antes se encuestaba sobre esas bases.
Pero hay cosas que hay que cambiar de fondo y una es la metodología con que se trabaja. No puede seguirse considerando un trabajador en actividad a quien en los últimos 15 días trabajó dos horas. De cualquier forma discrepamos con que el aumento de puestos de empleo, haya cambiado la calidad del mismo. No se nota el cambio en la precariedad del empleo, hecho que será muy difícil de cambiar pues la habitualidad de los empresarios que están haciendo lo mismo desde hace treinta años conspira contra el trabajador y tampoco hay una mejora sustancial en los salarios. El propio Estado se nutre de servicios personales pagando 18 pesos la hora de trabajo, lo que no es ningún buen ejemplo.
En el proyecto enviado también se mantiene otro aspecto negativo de la Ley 16.713. Ello es la tasa de reemplazo. Desde luego que hay que decir que, con todo lo negativo del Acta Institucional Nº 9, del 23 de octubre de 1979, las tasas de reemplazo aplicables eran mejores a las de la ley hoy vigente. En lugar de cambiarlas, este gobierno las reafirma y si hasta ahora se consideraba que las tasas del 50% aplicables al inicio de una jubilación con los mínimos exigibles en edad y años de servicio, la situación será aún peor para quienes puedan acceder por la flexibilidad de la nueva norma a votarse. Nos parece bien contemplar y posibilitar la jubilación a muchos compañeros que, ahuyentados de los mostradores del BPS por las políticas sociales de quienes detentan cargos de confianza circunstanciales, pretenden el favor político a costa de la necesidad ajena. Lástima que esto que se denunció hace trece años, recién se pueda considerar en el ámbito legislativo. Muchos compañeros se sentirán felices de lograr un derecho que se debió reconocer mucho antes.
Jubicerro

SOLICITADA
Hay que insistir
en investigar
«Hubieran podido investigar. El proceso de venta de la empresa Pluna a un consorcio privado generó recientemente una instancia de interpelación al ex ministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori, y al titular de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, en la que la mayoría respaldó lo actuado por el Poder Ejecutivo en esta materia, lo que realmente era de esperar si se tiene en cuenta que invariablemente, desde que se han llevado adelante las interpelaciones en la presente administración de gobierno, ha funcionado una mayoría regimentada del Frente Amplio en todos los temas».
«Igualmente, hay aspectos que no han quedado claros en este tema en particular, por encima de consideraciones políticas, y aunque algunos sectores de la izquierda defendieron con poco entusiasmo este proceso de venta, que determinó pérdidas de decenas de millones de dólares para el país, igualmente la sensación que quedó flotando fue que se pretendió a toda costa dejar atrás cuanto antes este episodio. (…)». (fragmento del artículo de opinión de EL TELEGRAFO del 27 de setiembre pasado).
Creo que el error está en haber confiado en un consorcio privado sin capital en riesgo real, pues la garantía era siempre el estado uruguayo, por lo tanto es el mayor componente de la sociedad pero figurando con apenas de un 25%.
El negocio inmediato que hacen las empresas privadas (y absolutamente todas) cuando se le da la comida en la boca, es desmantelar el emprendimiento, si  hay ganancia es siempre primero para ellos, y si hay pérdidas el estado pagará el pato.
Pensando mal, hasta el modelo de los aviones que compraron no son competitivos, pues son todos de cabotaje para 2.000 kilómetros, de poca capacidad de carga y  apenas 80 pasajeros; en poco tiempo habrá que venderlos a mitad de precio para «taxis aéreos» y quién sabe qué negociado hay detrás.
Conclusión, no soy partidario de las bondades de la empresa privada que promete «casorio mientras duerme con la novia» -acá recibió un capital regalado en bandeja-, ni tampoco con los beneficios de una empresa estatal, cuando se administra con políticos que no conocen el negocio.
En el caso de ser mixta, y el estado es garante, irremediablemente éste debiera figurar el 51% de las acciones (o la acción de oro) y nunca confiar que la empresa caminará sola en manos de un zorro hambriento que cuidará el gallinero.
Alejandro Tempesta

SOLICITADA
¿Hasta cuándo? 
Nuestro departamento está de luto, Minas de Corrales llora a un hijo de esas tierras, una madre pierde lo más preciado de toda su vida, algo más que su propia vida, la de un hijo. Cuando tomé conocimiento de la noticia, un sentimiento encontrado de pena, impotencia, congoja, trasladada a mi propia familia, me tomó por sorpresa, ya que un chico de apenas 18 años, con todo un futuro por delante, sin importar si era o no excelente alumno, si era o no trabajador o inteligente, importando más que nada que era un niño mayor para catalogarlo de alguna manera, que tenía sus sueños, sus planes, que tenía una familia que con esfuerzo seguramente lo había encaminado a la gran ciudad para forjar sus estudios, un futuro como uruguayo, sencillamente lo mataron.
Rápidamente esa sensación se me convirtió en terror, con solo pensar que podía haber sido uno de mis hijos, que están también estudiando y trabajando en Montevideo, ya que hace pocas semanas uno de ellos fue rapiñado en las puerta de la Terminal de Tres Cruces. Pero no quiero se egoísta y solo pensar en lo que podía haberle pasado a uno de mis familiares. Pregunto ¿por qué le tiene que pasar esto a uno de mis compatriotas?
Gastamos horas y horas, mucho dinero y montañas de papel y tinta, para encarcelar a los culpables de crímenes cometidos a más de 30 años. Y si, es lógico que así suceda ¿Pero qué hacemos con los asesinos actuales? ¿Dónde están las asociaciones, grupos, gremios como el Pit Cnt, tan defensor de los desaparecidos y de los derechos humanos? ¿Dónde están, que no los escucho? ¿Pero dónde están los gremios que por cualquier cosa hacen un paro y paralizan a todo el país? Vuelvo a preguntar ¿son insensibles, no tienen hijos, o no viven en el mismo país que estos padres que están llorando la muerte de su hijo?
Los diputados, los senadores, los ediles, los ministros, ¿dónde están? ¿Será que ganan y tienen dinero suficiente como para que sus hijos no trabajen y protegerlos para que no les pase nada?
¿Seremos tan insensibles  los riverenses que debamos soportar dentro de unos días que la ministra venga a nuestra ciudad a investir en el cargo al nuevo jefe de policía, y la recibamos con todos los honores?
¿Tendremos que soportar como por ejemplo al diputado Baráibar que estuvo el viernes pasado en una radio local, decir o mejor dicho zafar de la pregunta sobre lo ocurrido, diciendo que según las estadísticas y tratando de hacer una comparación con México…? Pero qué le importará México, España o el país que el diputado quiera comparar, a los padres  de este chico muerto, vilmente asesinado. Ya no van a tener más a su hijo. Pero ¿Cuánto vale una vida? ¿No será suficiente como para movilizar a toda la policía, el ejército  todo, sin rencores y sin excusas ni resentimientos estúpidos? ¿Qué se está esperando? Y no me venga con las leyes, si existen o no. No me vengan con los derechos. Quiero saber más de obligaciones de todos. Pido disculpas por la vehemencia de mis trazos, pero sin conocer a la familia de este chico y a pesar del sol primaveral que brilla, hoy es un día triste y oscuro para mí.
Joselo Andrade, Rivera