Opinion | 05 Oct A partir de las dos de la madrugada de este domingo se volvió a cambiar la hora oficial, atendiendo un decreto del Poder Ejecutivo que establece que el primer domingo de octubre ésta se modifique para volver a la normalidad el primer domingo de marzo, a efectos de ahorrar energía.
El mes pasado el gobierno levantó las restricciones energéticas impuestas en el otoño como consecuencia de una nueva crisis y, que rigieron inicialmente para el sector público, ampliándose luego al privado. Incluso, sobrevoló este invierno la posibilidad de apagones zonales si el ahorro de la población no llegaba a los parámetros deseables y necesarios.
El problema de fondo es nuestra dependencia energética de las lluvias, el petróleo y la electricidad que nos venden los países vecinos. Y eso es un gran problema porque las lluvias no siempre caen cuando se necesitan, el petróleo es caro y la dependencia exterior tampoco es buena.
Días atrás pudimos ver en la televisión el traslado de partes de grandes molinos de viento que se instalarán en el Este del país para generación eléctrica.
Las denominadas energías alternativas son una opción viable que ayudará a diversificar nuestras fuentes energéticas de modo tal de no apostar todas las fichas al mismo número y a disminuir el riesgo de desabastecimiento energético, contando con múltiples opciones de aprovisionamiento.
No obstante, el desarrollo inmediato de estas energías se prevé lento e insuficiente y en ese marco es que irrumpe la posibilidad de instalar en Uruguay una planta de energía nuclear.
El propio presidente Tabaré Vázquez anunció durante su última gira al exterior que comenzará a estudiarse ese tema, lo que seguramente originará un gran debate. Podría preguntarse uno si la proximidad de las elecciones nacionales permitirá una dialéctica sincera y profunda sobre esta cuestión. No obstante, ésta se impone como necesaria y los futuros presidenciables tienen la obligación de pronunciarse al respecto, puesto que el tema de fondo es cómo hacer para contar de una vez por todas con una política de Estado en materia energética.