Opinion | 06 Oct Días pasados el INAU reconoció públicamente una vez más que es incapaz de dar solución al problema de los niños de la calle, al igual que admitiera anteriormente que tampoco puede garantizar la retención de menores infractores devenidos en delincuentes consuetudinarios, así como no tiene los recursos corregir su conducta mientras están a su cargo.
Tampoco la Policía cuenta con herramientas para enfrentar este panorama y en su desenfrenado intento por abatir la delincuencia solo logra distraer recursos en detener a los infractores para que en pocas horas, ya entregados a sus padres por el juez de turno, vuelvan a hacer de las suyas. La Justicia, mientras tanto, poco puede hacer frente a situaciones de este tipo, dado que la ley protege los derechos del niño, niña o adolescente (decir solo «niños» parece que ya no alcanza), por sobre cualquier atropello que puedan cometer contra la sociedad en su conjunto. Cualquiera que tome una fotografía de la situación actual llegaría a la conclusión que si la Justicia, la Policía y el INAU —que es el instituto encargado de dar respuestas a los problemas de la minoridad— están incapacitados detener este flagelo o al menos controlarlo, se trata de una incapacidad generalizada que apunta hacia las máximas autoridades, o sea al Gobierno en su conjunto. Pero, considerando que las generalizaciones no son buenas, habría que atacar los problemas por parte, para solucionarlos en cada una de las áreas de conflicto. En principio, si el meollo del asunto en el INAU es la falta de correccionales adecuados, con la seguridad mínima que se necesita y planes educativos para los «internados», entonces hace rato se tendrían que haber construido verdaderos reformatorios, donde el «pichón de delincuente» no esté pensando en su próximo atraco mientras aprende de sus compañeros más experimentados. Quizás con una décima parte de lo que se gasta en obras sociales alcanzaría para montarlo.
Respecto a la Policía, más efectivos patrullando las calles podría tener un efecto disuasivo si no fuera porque los «niños» se saben intocables, y que la justicia va a ser muy benévola con ellos –ni siquiera un coscorrón, porque ahora está prohibido—. De todas formas, por ahora es lo único que pueden hacer.
En lo que atañe a la Justicia, es cierto que con el flamante Código de la Niñez y la Adolescencia se encuentra atada de manos, puesto que ni siquiera se puede obligar a un menor a realizar trabajos comunitarios, pero al menos tiene una herramienta que podría ser ejemplarizante para los padres que no se hacen cargo de sus hijos, los «derechos y deberes inherentes a la Patria Potestad».
Pero mientras se legisle en base a situaciones ideales y no en función de la realidad, nada va a cambiar, al menos en el corto o mediano plazo. Las leyes promulgadas impiden hasta hacer trabajar a un menor delincuente – «los niños no deben hacerlo»—, por lo que en un reformatorio sería mal visto mandarlos a hacer huertas o un trabajo que les inculque buenos hábitos.
En algún momento daba buenos resultados para los padres con hijos problemáticos enviarlos a la escuela militar; cuando volvían, eran unos «corderitos». Quizás habría que apuntar a hacer algo similar.