Opinion | 04 Oct El aspecto más positivo, seguramente, del pomposo «esquema integral de seguridad», con que el Poder ejecutivo, con la ministra del Interior Daisy Tourné a la cabeza, anunció que se viene el principio del fin para la inseguridad ciudadana, es que el gobierno por lo menos ha asumido que efectivamente existe inseguridad, cuando hasta hace poco la propia secretaria de Estado y otros integrantes de la fuerza de gobierno responsabilizaban a los medios de comunicación por crear un clima adverso en la opinión pública, «inflando» las noticias y por lo tanto promoviendo la «sensación térmica» que vive la ciudadanía.
Pero por algo se empieza, y es un buen síntoma el sacar la cabeza del agujero en la tierra que como el avestruz había metido la ministra, negándose a admitir una realidad que rompe los ojos y que va a la vez agravándose a cada momento.
El punto es que se tardó tres años y medio por el gobierno para admitir que no se trata de un invento de la prensa ni una conspiración de los partidos de oposición, a falta de mejores argumentos. La delincuencia campea, es un azote que afecta al ciudadano, del estrato social que sea, pero mucho más aún a los sectores de clase media baja y baja, que no tienen medios para pagar seguridad privada y tampoco para enrejarse y dotar a sus viviendas y comercios de elementos de seguridad que más o menos les permitan encerrarse con un mínimo de tranquilidad.
Pero, por lo pronto, ya entre Daisy Tourné y el ex ministro José Díaz, promotor de la Ley de Humanización del Sistema Carcelario, media un abismo, desde que ha pasado a un segundo plano la prioridad que había dado el ex secretario de estado a la situación de los presos, y a su política de que era mejor tener a los delincuentes sueltos que en cárceles atiborradas, y para quien por lo tanto la seguridad de la población era un aspecto secundario.
Ahora parece que la ministra entiende por donde pasa el problema, y también el resto de la fuerza de gobierno, que aunque no esté del todo convencida admite que hay que hacer algo práctico en torno a la inseguridad, antes que seguir negándola, por lo menos para que este tema no pueda derivar en una derrota electoral del oficialismo en las elecciones nacionales.
Porque de otra forma no se comprende que se pretenda hacer creer que las «medidas» anunciadas puedan resultar tan eficaces como para exhortar a que se abra un compás de espera de un mes, antes de emitir juicios, para ver que surge de las estadísticas delictivas tras las innovaciones.
¿Pero acaso en el gobierno están tan despistados como para creer que por sacar unos pocos efectivos policiales de los escritorios a la calle, sin preparación especial, y hacerlos deambular por los barrios, como una gota en el mar, puede resultar un factor disuasivo para los deliuncuentes?
¿Creen tal vez que esto es prevención? ¿Suponen acaso que los menores «infractores», que no respetan a ningún mayor, que se saben impunes absolutos para robar y agredir al prójimo, con el arma que sea, van a cuidarse de delinquir porque allá a lo lejos aparezca algún policía en la calle, cuando como norma los apedrean, los insultan, y no los dejan entrar a los barrios en los que viven? Si así fuera, nuestros gobernantes no tienen la menor idea de lo que pasa en nuestras calles, o pretenden tomarnos por tontos. Las dos cosas son graves, y más aún si las combinamos con el aspecto político-ideológico-electoral. No puede pretenderse que porque se saquen policías administrativos –alguna cosa debían estar haciendo en las oficinas— a la calle, el problema de la inseguridad se arregle, o porque se reorganicen las dependencias que se encargan de la investigación para obtener una mayor eficiencia en la aclaración de los delitos.
Es que la cantidad de delitos desborda las posibilidades materiales y recursos humanos con que cuenta la Policía, y difícilmente se logre alguna mejora significativa con una mayor «eficiencia», si paralelamente los efectivos tienen las manos atadas para actuar con la minoridad infractora, que es seguramente el mayor problema en materia de seguridad que sufre nuestra sociedad.
Pero no todo es responsabilidad del Ministerio del Interior, aunque en este caso pretenda dorarnos la píldora con medidas que no pueden convencer a nadie que tenga más o menos alguna idea de la realidad. Las leyes deben modificarse para actualizarlas, para dar herramientas a la Policía y a la Justicia para actuar eficazmente, para que los delincuentes no entren por una puerta a los juzgados y salgan muy campantes por la otra, y los menores a su vez no se envalentonen con su impunidad cuando una y otra vez son «entregados» a sus padres tras azotar con sus reiteradas incursiones a la sociedad, y solo para empezar a hacer algo realmente valedero. Y para legislar, el Poder Ejecutivo debe tener la iniciativa y los representantes del oficialismo, con mayoría absoluta –si es que en este caso quieren aplicarla— tienen la posibilidad de hacer que este escenario cambie, antes que esperar dos o tres décadas para ver si dan resultado las políticas sociales, como es el argumento de la fuerza de gobierno. El tema es que debe haber decisión política de hacerlo, que es precisamente lo que ha estado ausente pese a los insistentes reclamos de que se cambie la pisada respecto a la inseguridad que tiene en vilo a los uruguayos.