Escribe el doctor Rodolfo Canabal

Locales | 07 Oct En la columna anterior se hizo alusión sintética a las reformas que la Universidad de la República analiza entre las que se deberían introducir a su ley orgánica, y también a diversos aspectos de su función docente y de postgrados que considera bajo el rubro «Reforma Universitaria». Se indicaron entonces en forma meramente enunciativa algunos de los puntos abarcados en dicho estudio, con promesa de aludir con la necesaria precisión a algunos de los temas allí abarcados. El presente comentario cumple tal anuncio. Corresponde preliminarmente señalar que, en el ya muy prolongado lapso en que, no sólo como profesional, también como integrante de las asambleas de los claustros de la Facultad de Derecho y General, además de la ya muy larga tarea en el ámbito gremial en el Colegio de Abogados y en la Agrupación Universitaria, nunca había estado en contacto con tan intensa labor tendiente al mejoramiento en aspectos trascendentes, si no sustanciales, de tan importante cantidad de servicios, encarado por quienes integran sus órganos directivos fundamentales. El conjunto de documentos que estudian sus más importantes problemas, la profundidad con que fueron encarados, y por encima de todo el interés y deseo que trasciende de los mismos para llegar a una etapa de efectivas y eficaces realizaciones, merece ciertamente ser señalado muy favorablemente. Sólo cabe lamentar la limitación que emana de la naturaleza de las notas periodísticas para reseñar en el caso con suficiente eficacia tan ponderable esfuerzo, aun en etapa de estudio. Por tanto, sólo se hará mención sucinta de los puntos más trascendentes.
Milita entre las cuestiones en análisis, ya en vía de parcial ejecución, que la Universidad y ANEP culminen con la mayor eficacia el proceso tendiente a coordinar sus respectivas competencias para la creación de una serie de carreras cortas, muy útiles a quienes están radicados en el Interior, de manera que puedan ser fuente de trabajo para los graduados en dicho medio; pero, obviamente, sin perjuicio de que, si así lo desean y son para ellos favorables las circunstancias, puedan proseguir estudios terciarios. Tal coordinación está orientada a la creación de un Sistema Nacional de Educación Terciario que incluya lo público y lo privado, y que haga posible que quien se graduó en cualquier instituto pueda, sin obstáculo, utilizar estudios anteriores para encarar la prosecución de los relativos a la especialidad correspondiente, o para encarar hacerlo en otro instituto y en otra especialidad. Vale decir: movilidad para estudiantes intra e inter servicios académicos y unidades académicas, movilidad entre tramos de formación diversos, y reconocimiento de los mismos. En los análisis que el tema ha impuesto se ha afirmado que «se deberá incorporar un modelo de construcción de universidad, que combata la inequidad geográfica»; se agregó que la descentralización ha tenido carencias pero que está entre los proyectos de la universidad. No se hará mención en este comentario al tema «gratuidad» porque será próximamente motivo de especial comentario para analizar diversos aspectos, entre ellos la norma constitucional en vigor al respecto.
Entre los temas en estudio se entiende pertinente reiterar que se entiende que prevalece opinión favorable al mantenimiento, en lo sustancial, de los órganos actuales del gobierno universitario (Consejo Directivo Central, Rector, Consejos de Facultades, Decanos) y que el CDC deberá delegar más potestades en el Consejo Ejecutivo, para la marcha normal del trámite administrativo. No existe acuerdo acerca de si se debe mantener el sistema actual de elección de Consejos, Rector, Decanos, o ir a un sistema de elección por voto directo. No tengo el honor de compartir la modificación propuesta; tampoco comparto que se limite el padrón electoral (la eventual limitación se basa en que es alto el porcentaje de votos en blanco). Se ha pensado en la posibilidad de eliminar los actuales claustros, pero es dudoso que tal criterio pueda prevalecer.
Entre los asuntos importantes planteados se encuentra el que propone la creación de un organismo extra-universitario que tenga la función de evaluar todo el Sistema Nacional Terciario incluyendo a la Udelar. Quienes así lo propusieron sostienen que la Universidad no debe ser juez y parte, y por tanto que no debe ejercer el papel de fiscalizador del sistema terciario privado, criterio que comparto.
El cúmulo de temas analizados y pendientes de definición es tan amplio que hace imposible su mención, aún en la forma sintética que prevalece en esta nota. Ello confirma la forma muy amplia en que la Universidad ha abordado los temas que han llevado a sus autoridades a encarar importantes reformas. A ello es menester agregar que en asunto tan trascendente no sería razonable que sus autoridades asumieran la tesitura prevaleciente que ha hecho afirmar que «aquí el corto plazo es mañana».
Hemos de volver a asunto tan importante.