Opinion | 10 Oct Para el presidente Tabaré Vázquez es «de enorme actualidad» la ola de delitos que cometen los menores y considera como un tema a discutir la posible rebaja de la edad de imputabilidad, que hasta hace poco era prácticamente un tabú para la fuerza de gobierno.
El mandatario lo abordó en el programa televisivo «En la mira», de «VTV», oportunidad en la que se mostró proclive a bajar la edad de imputabilidad «en algunos casos». Evaluó asimismo que es necesario estudiar esta posibilidad «con datos» y «en profundidad», pero en su conjunto «tomando también las causas que lo originan», por lo que en primera instancia había dejado un margen de dudas sobre si estamos ante una decisión política ya adoptada o si es preciso el debate en profundidad dentro de su propio partido, que proclama que la delincuencia y sobre todo la minoridad infractora son una consecuencia de políticas sociales negativas de los gobiernos que lo antecedieron.
Y si bien Vázquez explicó en reciente Consejo de Ministros que ésta es su posición personal, el mandatario tropieza con un núcleo duro dentro de la coalición de izquierdas, que mantiene la filosofía de exculpar a quienes delinquen y ponerlos en situación de víctimas de la sociedad y no como victimarios.
Así, el Nuevo Espacio, el Espacio 609, el Partido Comunista y Alianza Progresista son contrarios a bajar la edad de imputabilidad o prefieren no pronunciarse sobre el planteo presidencial, según da cuenta el diario «El País». Incluso el diputado del Nuevo Espacio, Jorge Pozzi, manifestó al matutino que la rebaja de la edad «no ayuda» a superar los problemas, subrayó que «nunca estuvimos afines a bajar la edad» y que con las leyes vigentes los menores que cometen delitos graves son castigados. Por su lado, el senador comunista Eduardo Lorier afirmó que en principio está en desacuerdo con la posibilidad manejada por el presidente.
El problema radica en que la izquierda en el poder tiene serios problemas para conciliar la necesidad de ejercer la autoridad conferida por la ciudadanía con los discursos de los que hizo abuso en la oposición, en los que atribuía toda la responsabilidad a los gobiernos de turno por llevar adelante políticas de exclusión, causas de la marginación, de injusticia social, de frustración y de delincuencia impulsada por las circunstancias.
Ocurre que luego de tres años y medio de supuestas políticas «incluyentes», ni la delincuencia ni la minoridad infractora han disminuido y por el contrario, la inseguridad ha crecido a ojos vistas, por más que los portavoces del gobierno y sobre todo los ministros del Interior, hayan reafirmado una y otra vez que se está ante una «sensación térmica» promovida por los medios de difusión que hacen hincapié en la crónica roja en vez de destacar los logros del gobierno.
Pero esa «sensación térmica» también parece haber llegado al gobierno, que reconoció que hay inseguridad, y la ministra del Interior anunció con bombos y platillos un plan que apunta a combatirla trasladando a las calles a funcionarios administrativos y reacomodando los cuadros jerárquicos en las dependencias a cargo de la investigación de delitos, además de otras medidas de menor repercusión.
Por supuesto que se ha quedado corta y el intento de esta mayor presencia policial disuasiva en las calles es tan inútil como intentar vaciar el mar con una cuchara, porque la cosa es mucho más profunda, sobre todo en el caso de los menores, a los que se ha inculcado que son muy especiales, que merecen todo el perdón y la paciencia posible, aunque agredan y maten personas, las despojen de bienes que han logrado obtener con muchos años de trabajo, ataquen a la Policía y se burlen de la Justicia, al punto que al cumplir los 18 años sus expedientes son quemados y quedan «limpios» para reincidir.
El ex ministro del Interior Guillermo Stirling envió una nota al presidente en la que entre otros conceptos le transmitió que la tendencia mundial en el derecho comparado ha sido revisar la edad de imputabilidad penal reduciéndola, teniendo en cuenta que «los menores adolescentes tienen hoy la voluntad y el conocimiento del hecho ilícito que cometen», a diferencia de lo que ocurría hace setenta y cuatro años, cuando se aprobó el Código Penal.
Y aunque esa no sea la solución mágica para un problema muy grave, que azota a toda la sociedad, bajar la edad sería un buen principio, para inculcar primero el mensaje de que no siempre se van a salir con la suya y que la paciencia y la tolerancia tienen su límite. Pero sobre todo para proteger a la sociedad de las incursiones de delincuentes consumados, que no tienen valores ni respeto por nadie, que tampoco temen a la ley porque se saben impunes.