Opinion | 11 Oct Tras haber sacado cuentas, con el apoyo técnico de consultoras contratadas para ello, los funcionarios de las entidades financieras de crédito manifestaron su oposición a integrarse a la Caja Bancaria, por considerar que mientras por un lado se soluciona por un proyecto de ley la desfinanciación de la entidad, a la vez esta salida a la crisis se logra reduciendo el monto de las prestaciones que recibirán esos trabajadores al término de su vida activa.
Es decir que respondiendo a una tradición, en los hechos se ha desvestido un santo para vestir a otro, atendiendo urgencias con respuestas que conllevan consecuencias negativas para otros involucrados, en este caso funcionarios que están aportando al Banco de Previsión social y a las AFAP para asegurar la mejor pasividad posible.
De acuerdo al estudio de las consultoras, este traspaso hacia la caja no reportará ningún beneficio para quienes a la vez son obligados a aportar, pero sí será una solución para los funcionarios de AEBU, desde que el problema de la Caja Bancaria responde a factores como una relación activo - pasivo negativa, altas prestaciones y aportes que no alcanzan para compensar el déficit, pese a que incluso los pasivos de esa caja han aceptado porcentajes de rebaja de sus prestaciones.
Este panorama con beneficiados y perjudicados ha puesto también de relieve que aunque no haya sido la intención, el gobierno responde a los grupos de presión y no precisamente busca un criterio de estricta justicia, sino a menudo el menor costo político posible en las alternativas, en este caso para evitar una situación de prolongado conflicto con AEBU, como reconoció el propio ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica.
Con trabajadores que van a tener menores prestaciones al final de su vida activa, para financiar las pasividades de otros que seguramente tienen de los más altos ingresos dentro de la masa laboral, se da una muy mala señal, al tiempo que se demuestra que se improvisa, y lo que es peor a la medida del más fuerte, dejando la proclamada justicia social solo para épocas preelectorales.