Paysandú, Miércoles 15 de Octubre de 2008
Opinion | 13 Oct Cuando se apela recurrentemente al Uruguay Productivo como un paradigma a alcanzar en un proceso fundamental para el desarrollo, la idea que se hace el ciudadano se basa sobre todo en la consolidación de un país agroexportador, apostando al procesamiento dentro de fronteras de sus materias primas, lo que implica reciclar recursos, incorporar infraestructura y sobre todo crear fuentes de trabajo.
Es una imagen que aunque aproximada a la realidad aparece como incompleta si a la vez el país no hace hincapié en el avance tecnológico, pero sobre todo, en la investigación aplicada a nuestro escenario, para maximizar nuestras ventajas comparativas y mitigar las falencias, lo que es mucho mejor que trasplantar directamente los avances que podamos lograr que nos transfieran desde el extranjero.
El Uruguay productivo y las fuentes de trabajo no están solo en los sectores primarios y fabriles, sino también en áreas de servicios y en la venta al exterior de conocimento, como es el caso notorio de la informática, lo que conlleva la necesidad de una capacitación acorde a los desafíos del mundo moderno. Es decir que mucho mejor que exportar cerebros es crear las condiciones para que puedan quedarse en el medio y tener acceso a una calidad de oferta laboral acorde a su formación, sin pensar en emigrar ya desde antes de recibir el diploma.
La investigación centrada en los propios requerimienos del país es un instrumento de desarrollo y una apuesta al futuro, que no reditúa de inmediato, pero que significa una inversión que tiene retorno con creces en el mediano plazo. Para ello es necesario contar con políticas de Estado que trasciendan las decisiones políticas de cualquier gobierno, como una forma de asegurar continuidad y resultados, a la vez de demandar recursos que no son un gasto sino un factor regenerativo de riqueza y, sobre todo, de sustentabilidad al desarrollo.
En este contexto debe evaluarse la tarea que encara la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que tiene a su cargo el manejo de los recursos para la ciencia y la tecnología y la asignación de becas, fondos y estímulos a los investigadores, con la expectativa de aumentar la inversión privada. El presidente del directorio de la agencia, Edgardo Rubianes, en declaraciones al diario «El País», explicó que el organismo es financiado con recursos presupuestales y por un préstamo del Banco Mundial, pero también recibe fondos presupuestales que estaban destinados a otras dependencias que trabajan en esa área.
La meta a la que se apunta en el corto o mediano plazo es la de llegar a volcar fondos a la investigación equivalentes al 1% del Producto Bruto Interno, un valor similar al que tiene actualmente Chile —0,7%— pero todavía lejos del 3% que tienen ya Estados Unidos y Japón y al que llegará la Unión Europea este año.
En las naciones desarrolladas ese mayor monto de inversión proviene del área privada, pero en el caso de nuestro país esta participación no supera el 30%, según manifestó Rubianes, al subrayar que de este porcentaje el mayor guarismo corresponde al sector del software, pero con la contrapartida de que es muy escasa la participación privada en otros sectores.
Igualmente, aún en la generalidad del requerimiento de innovación tecnológica, es vital determinar las áreas prioritarias a las que deben canalizarse los recursos para investigación, y en este contexto se incluye a las cadenas agroindustriales, la biotecnología y la salud humana y animal, como así también las energías alternativas, el área de las tecnologías de la información y comunicación, el medio ambiente, los recursos naturales y el sector turístico.
Con este objetivo se está trabajando ya en la elaboración del primer Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología, en el que precisamente se establecen las prioridades de trabajo para desarrollar el Uruguay innovador, como lo define Rubianes, lo que representa un avance pero requiere también un compromiso de continuidad imprescindible para que produzca los resultados esperados.
De ahí la necesidad de lograr un acuerdo interpartidario, con compromisos bien definidos sobre el rumbo que debe adoptar el país en esta área, para sustentar el desarrollo productivo en el conocimiento y retener a los técnicos y la mano de obra calificada que hoy, lamentablemente, seguimos exportando a manos llenas.
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