Paysandú, Miércoles 15 de Octubre de 2008
Opinion | 15 Oct El hecho reciente en que un motociclista en infracción acometió contra los funcionarios municipales que procuraban inspeccionarlo, pone de relieve una vez más la crisis de autoridad de la Dirección de Tránsito del municipio, que no es muy diferente a la que se da con respecto a la Policía. Lamentablemente este episodio se repite constantemente en las narices de los inspectores, cuando los infractores sortean impunemente los puntos de control vehicular ignorando los silbatos de advertencia, generando la sensación en los demás que evitar una multa es solo cuestión de atropellar y seguir la marcha porque somos intocables. Y si son identificados, será palabra contra palabra y argumentarán un abuso de autoridad de los inspectores.
Mientras, crece la desazón entre los funcionarios, que se sienten impotentes en su intento de hacerse respetar, faltos de respaldo de la Justicia y la ley que no les brinda una solución práctica ante estos abusos. Esa sensación, que se retroalimenta, crea las condiciones para que se produzcan peligrosos desbordes, como ocurriera tiempo atrás cuando un motociclista resultó seriamente lesionado en la cara al ser golpeado con «un objeto contundente» tras ignorar la voz de alto de los inspectores de tránsito. Sin pretender justificar tan censurable conducta, cabe preguntarse cuál es el procedimiento que corresponde ante tal situación, desde que todos sabemos que el infractor en fuga a lo sumo será amonestado por desacato. Si es que logran identificarlo, lo que sucede las menos de las veces. En otros países esto sencillamente no sucede, porque a quien se le ocurra eludir un control sabe que es objeto de muy duras sanciones penales. Por otra parte, si se produjera una persecución y el conductor no se detuviera de inmediato, se len consideraría un agravante, dado que en su proceder pone en peligro la vida de terceros. Y eso es considerado un delito mayor, con penas de prisión cual si tratase de un intento de homicidio.
Es que como se recuerda en ciertas campañas de seguridad, un vehículo es un arma potencial en manos imprudentes. Basta imaginarse las lesiones que puede producir una moto y su ocupante circulando a 70 u 80 kilómetros por hora al impactar contra un grupo de personas que eventualmente se encuentren en la trayectoria del vehículo. Son más de 100 kilogramos de inercia golpeando a esa velocidad: un verdadero misil. Estos son los aspectos que la Justicia debe manejar al momento de juzgar tan irresponsable acto, por lo que es imprescindible que la sanción sea ejemplarizante, de forma que al igual que en aquellos países, a nadie se le ocurra pensar que escaparse de la Policía es solo una pillería. Asimismo, el funcionario dejará de ser visto como «el miliquito que quiso pararme» y será más respetado, pues contará con herramientas para aplicar san- ciones que duelen.
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