Opinion | 14 Oct En un escenario ya diferente, dado que una de las primeras repercusiones de la crisis financiera global en nuestro país sería como mínimo un descenso de la actividad, hay un nuevo desafío para nuestro sistema de previsión social, que ya enfrenta agudos problemas de sustentabilidad por la baja relación activo - pasivo.
La mayor expectativa de vida que tenemos en Uruguay no necesariamente va de la mano con prestaciones decorosas para quienes ya han dejado la vida activa, y ese es el punto débil de un sistema que durante muchos años ha sido distorsionado por decisiones políticas y amiguismos y en el que, a partir de la reforma de 1996 se introdujo a las administradoras de fondos de ahorros previsionales (AFAP), en un intento por abrir alternativas para quienes han aportado durante toda su vida y se encuentran con que dependen del aporte de los trabajadores que les sucedan para percibir sus prestaciones, casi nunca a tono con sus necesidades.
Es decir que más allá de las pensiones que otorga el Estado para atender necesidades que no pueden suplirse de otra manera, el afiliado requiere contar con la seguridad de que no va a verter sus aportes a un barril sin fondo, ese al que el Estado echa mano para destinar dinero a urgencias, para luego detraer recursos de otros fines para compensar «agujeros», lo que solo asegura que dejará otras áreas sin recursos, en un interminable transvase que parte de la irracionalidad de gastar demás.
Estas viejas prácticas han sido causa y consecuencia del desfinanciamiento del sistema, y a través de las AFAP se apuntó a ofrecer garantías al trabajador, promoviendo ahorros propios que le dieran la seguridad de que el dinero que aporta va para sí mismo, llevando un estado de cuenta, lo que a la vez estimula que esté al día con los aportes y que no retacee ingresos a la hora de aportar, para asegurarse la mejor prestación al fin de su vida activa.
Este concepto ha sido cuestionado por determinados sectores de izquierda, incluido el PIT - CNT, aunque cada vez con menor énfasis en la medida que el propio trabajador, pese a las campañas de desprestigio montadas en contra, ha ignorado los eslóganes y asumido que sus ahorros le serán devueltos a la hora de jubilarse, y que evadir no es otra cosa que hacerse trampas al solitario.
La situación planteada con la Caja Bancaria, a la que se oponen los funcionarios de entidades financieras que por efecto de un proyecto de ley serían obligados a aportarle, ha puesto de relieve que a los empleados, sobre todo los más jóvenes y de menores ingresos, les sirve más seguir aportando a las AFAP, pues sus aportes van a rendir más en los fondos de inversión de las administradoras que para sostener una caja cuyo dinero se utilizará para pagar pasividades de otros. Y sin ventajas en comparación con las que tienen ahora.
Más allá de las inversiones efectuadas en forestación, que permiten afrontar parcialmente las erogaciones para el pago de pasividades del sector, el desfinanciamiento de la Caja Bancaria radica en que hay más pasivos que activos dentro del sistema, y por lo tanto la ecuación económica se torna insostenible si los aportantes no hacen renuncias porcentuales a prestaciones y futuras jubilaciones, u obtienen ingresos adicionales, cuyos costos serán transferidos a otros.
Esa situación debe extrapolarse también al Banco de Previsión Social, que por efecto de una mayor actividad y controles —aún hay un alto porcentaje de informalismo— ha requerido últimamente menor asistencia de Rentas Generales, pero con prestaciones insuficientes, sobre todo para los pasivos que perciben haberes más bajos, a quienes la inflación ha erosionado su calidad de vida.
Por solidaridad intergeneracional, son los actuales trabajadores los que aportan para los pasivos, y la misma situación enfrentarán quienes hoy trabajan. La diferencia está en que con el aumento de la expectativa de vida seguirá deteriorándose la relación entre cantidad de afiliados y beneficiarios, a lo que se agrega un alto porcentaje de evasión y la perspectiva, en el futuro inmediato, de que la crisis internacional agrave la ecuación.
De ahí la necesidad de buscar respuestas realistas, que no son fáciles pero que deberán lograr aumentar la masa aportante, promoviendo la legalización masiva del trabajo informal y evitando voluntarismos, porque las consecuencias serán que nuestros pasivos resulten cada vez más postergados, con el argumento de que se los defiende.