Opinion | 19 Oct Pese a que en su momento el Poder Ejecutivo, con el presidente Tabaré Vázquez a la cabeza, anunció que se avecinaba la «madre de todas las reformas», que significaba nada menos que abordar la transformación del Estado, recibimos con satisfacción esta manifestación de buenas intenciones del gobierno, también fuimos escépticos respecto al grado en que podría llevarse a la práctica lo que aconseja el sentido común, cuando se conjugaban al mismo tiempo factores a favor y en contra para que el gobierno lograra concretarla.
Entre los elementos a favor consideramos que la izquierda, que desde siempre había estado en la oposición, al acceder al gobierno ha sufrido desde adentro las enormes dificultades operativas de transmitir las decisiones a los estratos más bajos de la estructura burocrática y observar, impotente, que entre la decisión política y el cumplimiento en los hechos, transcurrían semanas, meses y años debido al expedienteo y la tranca en mandos medios y funcionarios que actúan dentro del Estado en base a sus propios intereses y comodidad, además de las normas y requisitos que regulan el funcionamiento de la administración estatal.
Otro aspecto favorable es contar con mayorías propias en el Parlamento, que permiten impulsar y sancionar iniciativas legislativas que apunten en esta dirección, y a la vez que la decisión provenga de un gobierno que ha contado con el respaldo de organizaciones gremiales y sociales que históricamente han estado en sintonía con esta fuerza política, incluyendo al propio PIT - CNT.
Entre los puntos en contra figuraban por un lado que la reforma en sí implicaba revisar un discurso de la izquierda que atribuía a los partidos tradicionales todos los males del país y a su manejo clientelístico y distorsionado del Estado la forma en que éste funciona, y hasta qué grado la fuerza política en el gobierno se atrevería a llevar adelante aquello que tuvo que admitir como parte de la cultura de gobierno, ante las dificultades de gestión.
El ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica, en oportunidad de inundaciones registradas en el Este del país, se quejó amargamente de la lentitud con que actuó su secretaría de Estado para asistir a los productores que necesitaban alimento para su ganado, debido a la burocracia y la prescindencia de oficinas y funcionarios respecto a la decisión política ministerial.
Lo mismo ha ocurrido en infinidad de situaciones, que ha llevado a que se diluyan en dilaciones interminables los sanos intentos por actuar en tiempo y forma ante situaciones puntuales, en respuestas en que los ciudadanos necesitan soluciones expeditivas. Aunque al ciudadano común no le llega directamente, es notorio el caso en que el Poder Ejecutivo dispuso indemnizar a los pescadores afectados por la veda de pesca en el río Uruguay, cuando debió transcurrir un año para que se hiciera efectivo el pago, pese a sucesivos anuncios sobre la inminencia del cobro de la compensación.
También tenemos que la entrega de lamparitas de bajo consumo distribuidas por UTE recién se pudo concretar, luego de los pasos correspondientes dentro de la administración estatal, una vez se superó la emergencia energética, por lo que se hace a cuenta de la futura crisis, si es que duran hasta entonces. Asimismo, muchas decisiones políticas a favor del interés general tropiezan con intereses sectoriales y motivaciones ideológicas y al final de cuentas son postergadas, dejadas de lado o la espera, para no agregar factores de conflicto cuando se acercan los tiempos electorales, como es el caso de la asociación con privados de AFE para desarrollar el transporte ferroviario de cargas, apuntando a la industria forestal, al punto que ya una multinacional del sector se alejó del consorcio que iba a invertir en esta área.
Es decir, sobran razones para que deba apoyarse una «madre de todas las reformas», aunque pueda no compartirse la iniciativa en todos sus términos. Pero lo que ya no se hizo difícilmente se haga cuando estamos ingresando en la etapa preelectoral, y pese a algunos parches que no cambian la esencia del problema, los uruguayos vamos a seguir todavía por muchos años con el Estado que tenemos, que solo sirve a quienes trabajan en él. Porque sigue a contramano de los intereses del país y de sus ciudadanos.