Opinion | 21 Oct El ex presidente y precandidato nacionalista a la Presidencia Luis Alberto Lacalle anunció que su sector presentará un proyecto de ley para prohibir la publicidad electoral en los canales privados de televisión. Dijo que está harto de la publicidad política que cada cinco años llena las pantallas de televisión con niños con túnicas inmaculadas, barcos entrando a la bahía y la cara maquillada del candidato de turno.
Como buena parte de la audiencia televisiva, Lacalle parece estar agobiado de la campaña antes que ésta se inicie en su máxima expresión. Por eso, informó que su sector presentará un proyecto en el Parlamento para prohibir la publicidad electoral, concretamente los spot publicitarios con sus respectivos jingles, imágenes y sonidos. En su lugar, promoverá que se otorgue a los candidatos los minutos necesarios para que publiciten sus propuestas en el canal estatal, pero a través de sus discursos.
Sostiene que con esto los partidos no tendrán que gastar en televisión sumas que llegan al 40% de la financiación de la campaña electoral, evitándose las tradicionales «colectas» de dinero para tal finalidad.
Aunque la campaña a la que asistiremos el próximo año por los medios de comunicación se prevé intensa, no parece acertada la propuesta del ex mandatario. La palabra «prohibir» es en esencia antipática. Y prohibir publicidad en determinados medios de comunicación puede considerarse atentatoria de los derechos al trabajo y la libre competencia de las empresas que prestan servicios televisivos.
Aún más, prohibir la publicidad en unos medios de comunicación (la televisión privada) y no en otros (radios, semanarios, diarios, revistas, Internet) bien podría considerarse discriminatorio.
Los problemas de financiamiento de los partidos políticos para encarar una campaña por la elección nacional, son reales y conocidos. Por eso tan necesario resulta que ese aspecto de la política se regule a través de una ley. El problema existe, pero prohibir la publicidad sería una mala solución.
Y en última instancia ningún partido está obligado a hacer campaña televisiva. Con tomar la decisión política de no hacerla alcanza. El televidente, por su parte, siempre tiene la opción de cambiar de canal o apagar el televisor. Deberíamos preocuparnos más que por este tema, por otras consecuencias de la campañas políticas, incluso las estéticas.
En tal sentido, los partidos políticos deberían responsabilizarse, luego de la campaña, de eliminar toda la cartelería y pintadas que afean y ensucian nuestras ciudades. Ese sería, pues, un aporte más positivo.