Opinion | 23 Oct Es manifiesta la actitud de muchos funcionarios públicos de considerar que este es un feudo que les pertenece en exclusiva, y que al fin de cuentas el papel del ciudadano, el del contribuyente, es fundamentalmente el de sostener con sus aportes el pago de sus salarios y del funcionamiento del Estado, con una mínima contrapartida en prestación de servicios.
Lamentablemente, los gobernantes de turno suelen también tener una actitud prescindente, a menudo presionados por corporativismos que actúan solo en función de sus intereses sectoriales, aunque quien pague sea siempre la población, a la que no se la tiene en cuenta a la hora de las decisiones.
Este criterio también se aplica en los gobiernos departamentales, y concretamente en la Intendencia Departamental de Paysandú tenemos un ejemplo reciente, que fue anunciado alegremente en las últimas horas por el intendente Julio Pintos.
El jefe comunal adelantó que entregará al gremio Adeyom el predio en el que funcionaba el vivero municipal, en la zona del arroyo Sacra, para que este lugar sea afectado a incorporar un parque para los funcionarios municipales. No es extraño que el gremio lo haya planteado, desde que su esencia es procurar beneficios y mejoras para quienes lo integran, pero el titular del gobierno departamental tiene que priorizar el interés general, a sabiendas que estas tierras no son de su propiedad ni del partido de gobierno, sino que le pertenecen a toda la sociedad sanducera. Y ese aspecto no ha sido tenido en cuenta. Y al entregar a un gremio, en comodato de uso o por la figura que sea, un predio que es de todos los sanduceros, comete un acto de discriminación hacia el ciudadano común, al que contribuye con sus impuestos a sostener el funcionamiento del municipio y obras que son siempre insuficientes.
En vez de entregar el terreno para este uso exclusivo, el ejecutivo comunal debería buscar alternativas para darle un destino que realmente contemple a todos los sanduceros, que resultan los grandes olvidados en estas decisiones adoptadas entre cuatro paredes, a espaldas del ciudadano común, al que solo se lo convoca para que pague la cuenta.