Opinion | 23 Oct «Cosecharás tu siembra» y «quien siembra vientos cosecha tempestades» son dos sentencias populares a las que se ajusta lo acaecido en las últimas horas en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en Montevideo, cuando tres gremios coparon el local ministerial, y a fuerza de cánticos, bombos, redoblantes, con banderas y gritos, pretendieron ingresar a la sala del ministro y del director de Trabajo.
El desborde sindical comenzó a gestarse cuando cerca del mediodía los taximetristas se concentraron ante la puerta del despacho del director de Trabajo, Julio Baráibar, y presionaron para ser atendidos por el jerarca, al grito de «Baráibar, le cerrás la puerta a los trabajadores».
La revuelta se gestó a propósito de lo que los gremios consideraron como dilaciones en los consejos de salarios, por lo que pretendieron trasladar su reclamo imperativo a la sede del MTSS, apelando a que el director de Trabajo los «defendiera» de la presunta intransigencia patronal.
Por supuesto, no tuvieron en cuenta que están en un ámbito de negociación, donde cada parte expone sus puntos de vista y procura acordar en base a un supuesto, en el que cada uno renuncia a una parte de lo que reivindica para llegar a un punto de encuentro.
Pero ocurre que el Poder Ejecutivo, desde la instalación de los consejos de salarios así como a través de la aprobación de una serie de normas, ha considerado que el cien por ciento de la razón le asiste a los dependientes en la relación laboral, por encima del conflicto que sea y el tenor de las acciones de reclamo que se generen, y por supuesto, este mensaje ha sido recogido por quienes se sienten respaldados tengan o no la razón.
Y no puede extrañar por tanto, para quien haya seguido más o menos de cerca la evolución de los acontecimientos, que los gremios se sintieran «traicionados» por no contar explícitamente con el apoyo ministerial en esta oportunidad.
Para poner de relieve su disconformidad varios integrantes del grupo la emprendieron a puntapiés contra la puerta del despacho del director, destrozaron mobiliario y ensuciaron paredes con inscripciones, en tanto las jerarquías del ministerio no pidieron la intervención de la Policía.
Muy compungido, Baráibar lamentó los hechos y la irracionalidad de los manifestantes, «pese a que yo siempre estuve del lado de los trabajadores», confesó. Es cierto, el director ha resultado un incomprendido hasta por quienes defiende en las negociaciones, los que no mostraron precisamente agradecimiento.
En defensa de su colega del MPP, la diputada Ivonne Passada fue crítica del accionar sindical, al que calificó de «una barbaridad», y sentenció que «nunca se vieron estas cosas en los gobiernos neoliberales o blanquicolorados», en lo que apunta a ser un reproche a los manifestantes por haber sido «blandos» con los gobiernos «de la oligarquía».
Pero la legisladora parece no conocer la historia ni a la gente con la que trata. Ocurre que desde que asumió el poder, el gobierno frenteamplista inequívocamente ha transmitido el mensaje de que todo vale a la hora de los reclamos contra las patronales, en una especie de justicia retroactiva para los explotados. Y así, para no dar lugar a equívocos, el ex ministro del Interior José Díaz había derogado el decreto que habilitaba que el propietario de una empresa ocupada pudiera hacer desalojar por la Policía a los intrusos, por invadir la propiedad privada.
Y para no ser menos, consideró estas ocupaciones como una extensión del derecho de huelga, lo que precipitó ocupaciones masivas y protestas por doquier, en reivindicación de presuntos «derechos» que no son reconocidos en ningún lugar del mundo, salvo en Uruguay.
El mensaje del gobierno cayó en terreno fértil, por lo que ahora ni Baráibar ni la diputada y otros jerarcas de la fuerza de gobierno pueden sentirse agraviados porque le hacen esto a ellos y no a otros gobiernos, que sin ser represivos marcaban límites y ejercían la autoridad conferida por la ciudadanía.
Que es algo que al gobierno de izquierda todavía le cuesta asumir: no termina de comprender que como gobierno debe velar por el interés general, por los derechos de todos, de uno y otro lado, y no de aquellos por los que siente más simpatía y que ha considerado históricos aliados, aunque ahora demuestren el agradecimiento de la vaca empantanada.